En junio de 2023, el Congreso de la República inhabilitó a Zoraida Ávalos de su cargo como fiscal de la Nación. Esta medida, según nuevas revelaciones del Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficco), respondía los intereses de una organización criminal, presuntamente liderada por la suspendida fiscal Patricia Benavides en coordinación con congresistas.
Punto Final tuvo acceso al testimonio de Jaime Villanueva, exasesor de Benavides, quien reveló a la Fiscalía los nombres de los parlamentarios con quienes se fraguó la inhabilitación de Ávalos a cambio de archivar investigaciones en su contra en el Ministerio Público. En la resolución, figura la legisladora Katy Ugarte (Unidad y Diálogo Parlamentario), a quien se le prometió archivar la investigación en su contra por el caso ‘Mochasueldos’ y por su inclusión en la investigación denominada ‘Los Niños’.
También está incluido Édgar Tello, del Bloque Magisterial, quien buscaba archivar casos que tenía y tiene en la Fiscalía, como los presuntos recortes a trabajadores de su despacho congresal, y sus supuestas injerencias a favor de empresas ante la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Él y Ugarte votaron, finalmente por la inhabilitación.
Otros parlamentarios involucrados son César Revilla (Fuerza Popular) y José Jerí Oré (Somos Perú). Ambos, en mayo de 2023, le habrían pedido a Jaime Villanueva ayuda para el exgobernador de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, quien estaba detenido desde 2020 por presuntos actos de corrupción. Un mes después de estas reuniones, salió en libertad tras cumplir 30 meses de prisión preventiva.
En la lista de congresistas implicados en ofrecimientos si votaban a favor de la inhabilitación de Zoraida Ávalos como cabeza del Ministerio Público, aparece Luis Cordero Jon Tay, quien según el testimonio de Jaime Villanueva, habría pedido que se le archivaran sus investigaciones abiertas por su viaje a Panamá y su implicancia en el caso conocido como «El español», supuesto asesor en inteligencia del expresidente Pedro Castillo.
Otros que aparecen en esta relación son Jorge Luis Flores Ancachi e Ilich López Ureña, ambos de la bancada de Acción Popular, quienes habrían solicitado a Patricia Benavides que se les archiven los casos ‘Los Niños’. Entre tanto, el legislador José María Balcazar (Perú Libre) se reunió con Villanueva para tratar de designar a una nuera suya como fiscal adjunta provincial en Lambayeque. Si bien nunca ocupó el cargo, Scarlett Gálvez Campos fue designada en septiembre de 2023 fiscal adjunta provincial provisional.
No solo parlamentarios figuran entre los que quisieron favorecerse: el prófugo Vladimir Cerrón también habría solicitado que lo ayudaran en el caso ‘Aeródromo Wanka’, por el que fue sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva.
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