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El caso Rolex continúa. Dina Boluarte seguirá afrontando una investigación preliminar en la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documento en agravio del Estado.

El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró «consentida» la resolución del 24 de septiembre en la que declaró infundada la solicitud de control de plazo que presentó la defensa legal de la jefa de Estado, con la que buscaban que se ordenara a la Fiscalía el cierre inmediato de la investigación preliminar por el caso Rolex.

Checkley adoptó esta medida al haber transcurrido el plazo de tres días, de acuerdo con el artículo 414 del Código Procesal Penal, para interponer un recurso de apelación desde el último 25 de septiembre, fecha en la que se notificó la decisión. Sin embargo, no se hizo, lo cual fue interpretado por el juez supremo como una conformidad con la resolución inicial.

«Habiendo transcurrido dicho plazo sin que la parte haya interpuesto recurso impugnatorio alguno (…) queda evidenciado su voluntad de no impugnar, es decir, con dicha conducta procesal se denota su conformidad con lo resuelto, por lo que corresponde declarar consentida la resolución en referencia», precisó Checkley Soria en una resolución emitida el último 12 de noviembre.

Cabe recordar que el 5 de abril, la mandataria reveló al Ministerio Público y a los medios de comunicación que recibió en calidad de «préstamo» tres costosos relojes de la marca Rolex de parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

La entrega de estos artículos coincide con un aumento en el presupuesto asignado a la región Ayacucho desde que Dina Boluarte llegó al poder.

Sin embargo, en su último interrogatorio en la Fiscalía, la mandataria negó haber favorecido a Oscorima con decretos de urgencia a cambio de los relojes. Según sus palabras, los decretos de urgencia no eran exclusivos para Ayacucho, sino que se aplicaban a diversas regiones del país.

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