El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria decidió rechazar el pedido presentado por la defensa legal de la presidenta de la República, Dina Boluarte, para que se culmine con la investigación preliminar por el llamado caso Rolex. De esta manera, seguirá investigada por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y otro en agravio del Estado.
En la resolución emitida por el magistrado Juan Carlos Checkley se menciona que la decisión de no admitir el recurso de Boluarte Zegarra es para permitir a la Fiscalía de la Nación que prosiga con la indagación que ha sido declarada como compleja y cuyo plazo tiene de 8 meses. Además, anota que no se ha vulnerado el debido proceso contra la mandataria.
“Tratándose de un alto funcionario del Estado, donde, por un lado, se establece un plazo de investigación preliminar de 60 días y, por otro, las reglas del CPP (Código Procesal Penal), posibilitan que ese caso sea declarado complejo con los plazos señalados en las reglas del CPP; en consecuencia, la decisión de la fiscalía de declarar compleja la investigación así como establecer el plazo de ocho meses resulta aplicable y en ese sentido no infringe principio alguno como como debido proceso o plazo razonable”, se lee en el documento.
De esta manera, el Poder Judicial sostiene que el plazo de la investigación contra la jefa de Estado se computa desde el 17 de mayo pasado hasta el 16 de enero del 2025. Así, el Ministerio Público podrá realizar pericias, revisar documentación, analizar información como las declaraciones juradas de autoavalúo, ingreso de remuneraciones y actividades privadas.
La presidenta Boluarte se encuentra en una carpeta fiscal por la recepción de Rolex y joyas con diamantes que habrían sido proporcionados por el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien también está investigado por el presunto delito contra la administración pública, modalidad cohecho activo genérico, en agravio del Estado.
A raíz de ello es que la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra Boluarte por el presunto delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado ante el Congreso de la República.
Adicionalmente, la jefa de Estado también se encuentra en la mira del Ministerio Público por un incremento de dinero en sus cuentas bancarias por S/ 432.932,25 y por el ingreso de montos de origen desconocido entre el 29 de julio del 2021 y agosto del 2022 cuando se desempeñaba como titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).
Por estos dos últimos hechos viene siendo investigada por los delitos contra la administración pública, modalidad enriquecimiento ilícito, y contra la fe pública, modalidad omisión de consignar declaraciones en documentos, ambos en agravio del Estado.
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