La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció en relación la situación política que atraviesa el Perú. Mediante un comunicado, la CIDH expresó su preocupación en cuanto a la información que ha recibido sobre acciones que representan intromisión por parte del Congreso de la República en contra de órganos del sistema de justicia y otras instituciones públicas.
Esto fue dado a conocer el último viernes 7 de junio con un comunicado anunciado en la cuenta oficial de X (antes Twitter) de la (CIDH). «Preocupan a la CIDH todas las interferencias en las funciones de autoridades con mandatos esenciales para la preservación de la democracia, como la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y fiscales a cargo de casos contra la corrupción», se lee en el comunicado.
En el pronunciamiento, la CIDH señaló que ha observado y alertado sobre el deterioro de la democracia en el Perú, por lo que manifestó que es «apremiante tomar medidas de carácter inmediato que aseguren el principio de separación e independencia de los poderes públicos, reconocido constitucionalmente».
«El uso de las facultades de control del Congreso de la República de Perú, en la forma en que han venido sido ejercidas, tienen el potencial de poner al Estado de derecho en un riesgo crítico. El ejercicio del poder ha afectado instituciones autónomas, que cuentan con un rol trascendental en la vida democrática del Estado, lo que, paralelamente, amenaza la situación de los derechos humanos», agregó la CIDH.
En su reciente comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) especifica qué acciones le causan preocupación por parte del Congreso de la República.
Ante esto, la CIDH señala que «el Congreso de la República debe, con urgencia, cesar en el uso discrecional e instrumentalizado de su actividad fiscalizadora y sancionatoria, y evitar adoptar reformas que amenacen la independencia y autonomía de los demás órganos estatales».
Agrega también que al Estado peruano le urge demostrar su compromiso con los principios de la Carta Democrática Interamericana y sus obligaciones internacionales en torno a los derechos humanos. «Para ello, debe adoptar medidas urgentes para el fortalecimiento del Estado de derecho, que incluyan el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción desde todos los ámbitos del poder público, así como las garantías para la independencia de personas operadoras de justicia», finaliza.
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