La Comisión de Constitución del Congreso aprobó este martes un proyecto de ley para que las autoridades del sistema electoral ―sea el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil― puedan ser sometidos a un juicio político que podrían concluir con sus posteriores destituciones.
Con 16 votos a favor ―que provinieron de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País, Podemos Perú, Somos Perú, Unidad y Diálogo, y Acción Popular― se respaldó el dictamen para modificar el artículo 99 de la Carta Magna.
En este dispositivo legal se lee que la Comisión Permanente puede acusar constitucionalmente ante el Parlamento al «Presidente de la República; a congresistas; a los ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional, a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas».
A este párrafo también se les incluirá a los titulares del JNE, ONPE y el Reniec. Tras ello, la propuesta tendrá que ser elevada al Pleno como última instancia. Al ser una reforma constitucional se requieren de 87 votos en dos legislaturas ordinarias consecutivas para que entre en vigencia.
Durante el debate, la congresista Martha Moyano, titular de la Comisión de Constitución, citó la última sentencia del Tribunal Constitucional de marzo del 2023, donde se recomienda que las autoridades electorales debían ser sometidos al antejuicio político, es decir, en caso cometan algún delito se les pueda levantar su inmunidad para que el Poder Judicial pueda procesarlos.
A pesar de este punto, Moyano alegó que los parlamentarios tenían el derecho de que los encargados del JNE, ONPE y el Reniec también puedan ser pasibles de una denuncia constitucional.
Antes de que se aprobará la norma en el Parlamento, el Jurado Nacional de Elecciones emitió un comunicado para mostrar su rechazo. Enfatizaron que nunca fueron citados por la Comisión de Constitución para mostrar su postura.
“Es pertinente hacer presente que ni el JNE ni los demás organismos del Sistema Electoral han sido convocados a la sesión de la comisión”, indicó en un comunicado publicado en sus redes institucionales.
De otro lado, la máxima instancia del sistema electoral recordó que “proclama los resultados de los procesos electorales (como las elecciones presidenciales y congresales), resuelve procedimientos y controversias jurídicas en la que las organizaciones políticas representadas en el Parlamento a través de bancadas tienen la condición de parte”.
Así, el JNE enfatizó que este tipo de normas puede promover la «impunidad o ausencia de control». Además, cuestionaron que el Parlamento tenga una «valoración política y no jurídica» para denunciar a las autoridades electorales, lo cual va en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte IDH.
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