Comisión de Energía y Minas del Congreso rechazó dictamen de Ley MAPE
08.07.2025 / 19:07 bchillitupa@latina.pe
La Comisión de Energía y Minas del Congreso no aprobó el predictamen de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE). Hubo 5 votos a favor, 12 en contra y una abstención en el resultado final.
La sesión tuvo momentos accidentados porque algunos legisladores le reclamaron al congresista Paul Gutiérrez, titular de este grupo de trabajo e integrante del Bloque Magisterial, por tratar de debatir este tema que iba a discutirse en la próxima legislatura 2025-2026.
La congresista Nilza Chacón (Fuerza Popular) le recordó a Gutiérrez que ya habían acordado con una cuestión previa que en agosto volverían a debatir el asunto.
La posición fue respaldada por Diana Gonzales, vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, quien solicitó a la Oficialía Mayor los alcances del acuerdo previo que tomaron sobre la Ley MAPE.
No obstante, legisladores de izquierda insistieron en todo momento que la polémica norma —criticada por el Ministerio de Energía y Minas, organizaciones ambientalistas, de pueblos indígenas y especialistas en la materia— debía debatirse.
El congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) cuestionó el decreto del Ejecutivo que excluyó a más del 50 mil mineros del REINFO. Además, anunció que presentará una denuncia contra el ministro de Energía y Minas, José Luis Montero.
De otro lado, el parlamentario Guido Bellido (Podemos) propuso incluir en el predictamen de la futura ley MAPE un artículo para la revisión de las resoluciones de los 50 mil mineros informales que ya fueron excluidos del REINFO.
CUESTIONAMIENTOS DE LA NORMA
La propuesta de la denominada Ley MAPE ha recibido duras críticas por perpetuar el enfoque permisivo del actual Reinfo, al permitir que mineros continúen operando sin cumplir con estándares mínimos en materia ambiental, laboral y técnica.
Además, mantiene mecanismos de protección judicial que podrían favorecer la impunidad frente a posibles delitos. A esto se suma la flexibilización de los instrumentos de gestión ambiental y la entrega de beneficios tributarios sin una justificación clara.