El Congreso de la República, como órgano fundamental de nuestra democracia, es responsable de legislar en beneficio de la ciudadanía y representar sus intereses. Sin embargo, en el actual escenario político, nos encontramos con casos como el del congresista José Balcázar, cuya gestión ha sido cuestionada debido a su escasa actividad legislativa y propuestas polémicas.
José Balcázar, quien actualmente preside la Comisión de Educación del Congreso, ha presentado solo tres iniciativas legislativas desde que asumió su cargo como congresista. Estas propuestas, en su mayoría, son declarativas y algunas de ellas han sido archivadas debido a inconsistencias en su contenido. Sin embargo, una de las más controvertidas es su proyecto de ley que busca modificar la Ley Universitaria vigente. Esta iniciativa plantea otorgar licencias universitarias «permanentes e indefinidas», en lugar de la renovación cada seis años por parte de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).
La gestión de Balcázar, quien llegó al Congreso invitado por el expresidente Pedro Castillo, ha sido objeto de críticas y preocupación. Según los registros del Congreso, el parlamentario no tenía ningún proyecto de ley bajo su autoría hasta marzo de este año, a pesar de contar con un equipo de siete funcionarios públicos en su despacho. Estos funcionarios representan un gasto mensual de S/40,000, financiados con fondos públicos, lo que hasta finales de marzo suma más de S/800,000, sin considerar los honorarios del propio congresista.
La más reciente: Propuesta para crear e implementar la Universidad Nacional Autónoma de Cutervo, en la región Cajamarca. El legislador presentó esta ley con el objetivo de lograr la «creación y establecimiento de la Universidad Nacional Autónoma de Cutervo como una entidad de derecho público interno». Según se describe, esta nueva institución educativa propone contribuir al desarrollo de la Región de Cajamarca mediante la educación y políticas públicas, así como atender la creciente demanda de estudiantes de educación superior en la región.
La más polémica: «ley que fortalece el sistema de acreditación universitaria». Dicho proyecto de ley propone que las universidades que han demostrado cumplir con los estándares de calidad a través de la licencia de SUNEDU obtengan una autorización «permanente e indefinida». Esta medida se aplicaría no solo a las instituciones universitarias públicas y privadas, sino también a las escuelas de posgrado que estén autorizadas para otorgar grados académicos y títulos profesionales.
Finalmente, la resolución legislativa que proponía el reglamento para la selección de candidatas o candidatos aptos para la elección de magistrados del tribunal constitucional. Balcázar logró presidir la comisión y también generó polémica ante la negativa que tuvo de no entregar información completa sobre los candidatos, elaborada por la Contraloría.
Una de las primeras denuncias que salieron a la luz cuando Balcázar asumió su cargo en el Congreso fue la acusación de presuntamente haberse apropiado de dinero perteneciente al Colegio de Abogados de Lambayeque. Esta denuncia generó inquietud y puso en tela de juicio la integridad del congresista.
En 2021, José Balcázar ocupó la presidencia de la comisión encargada de seleccionar a seis integrantes del actual Tribunal Constitucional. Sin embargo, este proceso estuvo marcado por las críticas. Se cuestionó la falta de transparencia y la calidad de las entrevistas y perfiles de los candidatos. Diversas organizaciones y observatorios internacionales manifestaron su preocupación por la falta de publicidad oportuna y los indicadores técnicos cuestionables en el proceso. A pesar de las críticas, la comisión, que también incluía a Jorge Montoya como vicepresidente, continuó con su tarea y seleccionó a los miembros del Tribunal Constitucional.
En julio de este año, salieron a la luz comentarios de José Balcázar que generaron gran polémica. El congresista avaló el matrimonio infantil al afirmar que «las relaciones sexuales en menores no generan ninguna consecuencia traumática». Estas declaraciones provocaron indignación y condena por parte de diversas organizaciones y la sociedad en general.
También presentó el proyecto que propone una modificación significativa en relación con la autorización que las instituciones educativas reciben a través del proceso de licenciamiento de SUNEDU. Por lo que las licencias se convertiría en «permanentes e indefinidas». Esta medida no distinguiría entre universidades públicas o privadas, ni tampoco entre escuelas de posgrado que tengan licencia para ofrecer grados académicos y títulos profesionales.
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