Por Rodrigo Chillitupa | @RodrigoCT_94
Los congresistas Patricia Chirinos (Avanza País), Edgar Tello (Bloque Magisterial), Luis Aragón, Luis Cordero e Ilich López (Acción Popular) presentaron una denuncia constitucional contra la fiscal suprema Delia Espinoza, quien los investiga por sus nexos con la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.
En el documento, al que Latina Noticias accedió, se lee que los citados parlamentarios le imputan a Espinoza, titular del despacho de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, que cometió los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de funciones. Por ello, piden que sea inhabilitada 10 años de la función pública.
Entre los argumentos que Chirinos, Tello, Aragón, Cordero y López alegan contra Espinoza es que solo el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, puede investigarlos de manera preliminar en el marco del caso ‘la fiscal y su cúpula de poder’.
«El artículo 1 de la ley 27399, Ley que regula las investigaciones preliminares previstas en la ley N.º 27379, establece que tratándose de los funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución,
corresponde al Fiscal de la Nación la realización de las diligencias preliminares», indicaron.
No obstante, estos congresistas olvidaron que el propio Villena se abstuvo de investigar el caso de Patricia Benavides, en la cual están involucrados, con base en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Allí se menciona que «los fiscales no son recusables; pero deberán excusarse, bajo responsabilidad, de intervenir en una investigación policial o en un proceso administrativo o judicial en que directa o indirectamente tuviesen interés». Es decir, Villena buscó que no se ponga su imparcialidad en tela de juicio.
Es así que el fiscal de la Nación firmó la resolución suprema N° 024-2024 del 4 de enero pasado en la que dispone que el despacho de Delia Espinoza asuma la indagación contra Benavides y las personas que sean incluidos dentro de la misma.
Ante la denuncia constitucional, vale precisar los presuntos delitos que los congresistas se encuentran bajo investigación.
Patricia Chirinos se encuentra en una carpeta fiscal -junto a su colega Martha Moyano– porque habría cometido el delito de organización criminal.
«Atendiendo al interés de la investigada Liz Patricia Benavides Vargas, en buscar apoyo en el parlamento para concretar los fines propios de sus intereses particulares y los de la organización criminal, a través de Jaime Javier Villanueva Barreto, estableció contacto con dos parlamentarias en particular, por un lado, Martha Lupe Moyano Delgado (“Fuerza Popular”) y por el otro Patricia Rosa Chirinos Venegas (“Avanza País”), quienes habrían desempeñado los roles de puntos nodales en el parlamento», se lee en el documento fiscal.
Moyano y Chirinos se encargaron de buscar apoyo entre las distintas fuerzas políticas dentro del Pleno para concretar la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia.
Luis Aragón, Ilich López, Luis Cordero Jon Tay y Edgar Tello se encuentran en calidad de investigados por los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio y cohecho activo específico debido a que ofrecieron sus votos a Benavides a cambio de que se le archiven varias investigaciones.
Tello habría pedido a Benavides, a través de Jaime Villanueva, que le archiven el caso ‘mochasueldo’. López y Aragón solicitaron que sean excluidos del tema de ‘Los Niños’.
Finalmente, Cordero Jon Tay apuntó que sea apartado de la investigación seguida por su viaje a Panamá en el caso conocido como “El español”, apodo que se le acuñó a Jorge Hernández Fernández, quien fue contactado por el expresidente Pedro Castillo para que forme un equipo de inteligencia que espíe a miembros de la oposición en el Parlamento.
Hay que precisar que todos ellos han sido citados a declarar en los próximos días por su inclusión en el caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’.
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