Congreso aprueba crédito suplementario por S/ 9,596 millones para inversiones públicas

La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que autoriza un crédito suplementario por S/ 9,596 millones para el año fiscal 2026. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, obtuvo el mínimo de votos requeridos para su aprobación, con el respaldo de 17 legisladores.

La medida busca financiar inversiones públicas orientadas al cierre de brechas, garantizar la continuidad de los servicios del Estado y asegurar la transición democrática. Su aprobación se produjo tras varias postergaciones y en medio de discrepancias entre la Comisión de Presupuesto y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Entre los principales objetivos de la norma se encuentra el financiamiento de proyectos de inversión pública, así como la implementación de medidas complementarias vinculadas a diversos sectores. El dictamen contempla el pago progresivo de gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).

Asimismo, incluye la entrega de bonos extraordinarios para docentes, auxiliares de educación y personal del servicio militar. También considera recursos para el pago de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada en el sector Educación y medidas destinadas a impulsar la reactivación económica de las micro y pequeñas empresas mediante bonos del programa Impulso MYPERÚ.

El proyecto fue presentado por el Ejecutivo a mediados de junio. Posteriormente, el 30 de junio, la Comisión de Presupuesto aprobó el dictamen con 28 votos a favor y uno en contra, dejando expedito su debate en la Comisión Permanente.

Sin embargo, la discusión fue aplazada en varias oportunidades. Inicialmente estaba programada para el 9 de julio, pero pasó a un cuarto intermedio y fue reprogramada para el 13 de julio. Tampoco pudo abordarse en esa fecha debido a desacuerdos entre la Comisión de Presupuesto, presidida por Alejandro Soto, y el MEF.

La sesión definitiva se realizó este martes 14 de julio, luego de nuevas reprogramaciones. Eduardo Castillo, secretario de la Comisión de Presupuesto, explicó que los retrasos obedecieron a la necesidad de incorporar información y anexos al sistema para que los congresistas pudieran revisarlos antes de la votación.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, sostuvo que no era posible seguir postergando la decisión debido a que al día siguiente se instalaría la Junta Preparatoria del nuevo Parlamento.

OBSERVACIONES DE CONTRALORÍA

Antes de la aprobación legislativa, la Contraloría General de la República emitió observaciones técnicas al proyecto de ley N.° 14799/2025-PE, que plantea el crédito suplementario por S/ 9,596 millones. A través del Informe de Orientación de Oficio N.° 041-2026-OCI/0001-SOO, la entidad advirtió que la propuesta carecía de una justificación suficiente sobre su impacto en la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Según el órgano de control, la exposición de motivos no detallaba mecanismos para mitigar riesgos macrofiscales identificados en las proyecciones económicas nacionales. La Contraloría señaló además que la iniciativa no vinculaba adecuadamente el financiamiento solicitado con los escenarios de vulnerabilidad expuestos en el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2026-2029 elaborado por el propio MEF.

Entre los riesgos mencionados figuran una menor holgura en los ingresos permanentes del Estado, la rigidez del gasto corriente y presiones derivadas de un contexto internacional con tasas de interés elevadas.

La propuesta contempla la incorporación de créditos por S/ 4,160 millones y recursos determinados por S/ 5,436 millones. Asimismo, prevé una operación de endeudamiento interno por S/ 1,260 millones mediante la emisión de bonos soberanos, además de S/ 911 millones provenientes de utilidades extraordinarias del Fonafe y el Banco de la Nación. Con la aprobación de la Comisión Permanente, la iniciativa culminó su trámite legislativo en medio del debate sobre sus implicancias fiscales y presupuestales.