Contraloría: informe señala los fallos de la ONPE durante la primera vuelta electoral
26.05.2026 / 11:01 mcandia@latina.pe
A casi mes y medio de la primera vuelta electoral, la Contraloría General de la República emitió un informe de control en el que determina presunta responsabilidad penal y/o administrativa en 10 funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entre ellos el exjefe del organismo, Piero Corvetto. El documento concluye que las irregularidades detectadas afectaron el derecho al voto de 55,261 electores de Lima Metropolitana durante los comicios del 12 de abril.
El informe, identificado como Informe de Control Específico N.° 8536-2026-CG/JUSPE-SCE, detalla fallas cometidas durante la organización logística de la jornada electoral y en los días previos a la votación. Según la Contraloría, estos hechos generaron retrasos, desorden en la distribución del material electoral y la no instalación de varias mesas de sufragio en Lima.
PRINCIPALES OBSERVACIONES DE LA CONTRALORÍA
Uno de los primeros hechos advertidos está relacionado con la contratación del servicio de transporte de carga para el despliegue y repliegue del material electoral, equipos informáticos e implementos destinados al simulacro y al sufragio. La Contraloría concluyó que los términos de referencia no precisaban la cantidad real de vehículos necesarios para cumplir adecuadamente con el servicio.
Además, durante la fase de selección del proveedor, los evaluadores de la ONPE aplicaron un criterio que no estaba previsto en esos términos de referencia: redujeron en dos metros el largo de los vehículos ofertados para fijar una capacidad mínima de 10 metros cúbicos. Según el informe, ello permitió adjudicar la buena pro por S/ 6,368,332.75 a una propuesta que era superior en S/ 168,148.19 respecto de otra oferta.
La Contraloría también detectó que los evaluadores consignaron información inexacta sobre la capacidad de carga de seis vehículos del postor ganador. Como consecuencia, se le otorgó un puntaje que no le correspondía, pese a que su propuesta superaba en S/ 469,404.09 a la del postor que, según el órgano de control, debió adjudicarse el contrato.
USO DE VEHÍCULOS Y FALLAS LOGÍSTICAS
Otro aspecto observado fue que la empresa adjudicataria brindó el servicio principalmente con vehículos de terceros. De acuerdo con la Contraloría, utilizó 437 unidades alquiladas, equivalentes al 92 % del total desplegado, y solo 40 vehículos propios, es decir, el 8 %. El informe atribuye esta situación al accionar irregular de los evaluadores encargados de la fase de selección.
También se identificó responsabilidad en funcionarios de la Subgerencia de Producción Electoral y de la Gerencia de Gestión Electoral, quienes elaboraron los términos de referencia sin consignar la cantidad real de vehículos requeridos para el transporte hacia los locales de votación de Lima Metropolitana y el Callao. La Contraloría señala que se necesitaban hasta 400 vehículos, pero ese dato no fue correctamente reflejado en el proceso.
A ello se suma otra observación vinculada al traslado de equipos informáticos utilizados en la jornada de capacitación del 5 de abril, los cuales fueron destinados como contingencia para la elección sin que se hicieran las gestiones necesarias para cubrir la demanda de equipos ni se formularan alertas sobre el impacto de esa decisión en el cronograma del Plan Operativo Electoral.
¿CÓMO SE AFECTÓ AL DERECHO DEL VOTO?
Según el informe, la tarde del 11 de abril, funcionarios de la ONPE reprogramaron 43 rutas que comprendían 553 locales de votación y 8,261 mesas de sufragio, consignando un tiempo de entrega de entre tres horas y media y cuatro horas, cuando en realidad se necesitaban por lo menos ocho horas.
Como resultado, el material electoral y los equipos informáticos llegaron fuera de plazo a 3,605 mesas de sufragio. De ese total, 187 mesas no lograron instalarse el día de la votación en Lima Metropolitana, lo que afectó el ejercicio del derecho al sufragio de 55,261 electores.
PRESTACIONES ADICIONALES BAJO OBSERVACIÓN
La Contraloría también observó que funcionarios de la Subgerencia de Producción Electoral, la Gerencia de Gestión Electoral, la Subgerencia de Logística, la Gerencia de Asesoría Jurídica y la Gerencia de Administración tramitaron y aprobaron, entre el 7 y el 9 de abril, prestaciones adicionales por S/ 650,205.94, vinculadas al contrato de transporte de material y equipos informáticos.
De acuerdo con el informe, estos adicionales fueron aprobados sin sustento técnico ni legal que acreditara que resultaban indispensables para cumplir la finalidad pública del contrato. Entre las modificaciones se incluyó el incremento de rutas, la incorporación de vehículos de contingencia y el aumento del precio unitario del servicio de repliegue de S/ 0.60 por kilo a S/ 6.00 por kilo, lo que significó un alza de 900 % respecto del contrato principal.
ACCIONES POSTERIORES Y RECOMENDACIONES
Finalmente, la Contraloría recomendó al actual titular de la ONPE adoptar las medidas necesarias para efectuar el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores involucrados en los hechos observados. Asimismo, recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones penales correspondientes contra los implicados.