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La Contraloría general de la República informó que hoy realizan una intervención en simultáneo desde las 9 de la mañana a las sedes de los gobiernos regionales de Ayacucho y Cusco por presuntos actos irregulares de sus titulares Wilfredo Oscorima y Wegner Salcedo, respectivamente.

A través de sus redes institucionales, la entidad fiscalizadora indicó que esta acción se debe a que buscan recopilar información relacionada a contratación de bienes, servicios, ejecución de obras, designación de cargos de confianza que se dieron entre enero del 2023 hasta este mes.

En el caso de la gestión de Wilfredo Oscorima se ha recogido data sobre la ejecución presupuestal. Entre la documentación importante que se lograron llevar los auditores de la Contraloría se encuentran los decreto de urgencia N° 020-2023 (S/ 66 millones), N° 161-2023 (S/ 15 millones) y N° 006-2024 (S/ 100 millones).

Además, los expedientes relacionados al financiamiento de proyectos de inversión que suman más de S/ 500 millones. Entre estos se encuentran el mejoramiento de la infraestructura de la Universidad San Cristóbal de Huamanga y del Hospital de Apoyo de Puquio, cuyos montos de inversión ascienden a S/ 232 y 294 millones, respectivamente.

Se examinará, del mismo modo, las contrataciones bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, cumplimiento de perfiles de puestos de funcionarios, acondicionamiento de ambientes y adquisición de equipos para hospitales y cambios en titularidad de terrenos. Del mismo modo, se revisará lo relacionado a consultorías, adquisición de bienes y ejecución de obras por administración directa.

Entre las obras se encuentra la revelada por la Unidad de Investigación de Latina Noticias sobre la millonaria adjudicación favor de un consorcio representado por Esperanza Rojas Gutiérrez, presidenta y fundadora del movimiento regional Wari Llaqta, con el cual Oscorima logró llegar al gobierno regional por tercera vez y es investigada en la fiscalía anticorrupción de Ayacucho.

Por su parte, con la administración de Wegner Salcedo, la Contraloría ha recopilado información sobre las licitaciones públicas para ejecutar obras de transitabilidad y educativas por S/ 40 millones, así como también para mejorar servicios de salud y compra de bienes para un instituto superior por casi S/ 11 millones.

Igualmente se viene analizando información sobre la compra de bienes para la prevención y control de incendios forestales y pastizales en la región por S/ 2 millones; el uso y mantenimiento de vehículo asignado a una gerencia regional, la designación de funcionarios en cargos de confianza, el cumplimento de perfiles en el referido GORE y en el Plan de Mejoramiento de Riego en Sierra y Selva – Plan Meriss (Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de Cusco).

Durante el operativo de control, los auditores también ingresaron a la Dirección Regional de Transportes de Cusco para recopilar información sobre 5 adjudicaciones simplificadas otorgadas en el 2023 para la contratación del servicio de supervisión del mantenimiento periódico de redes viales por un monto total de S/ 1 millón 700 mil.

CASO ROLEX

De esta forma, las gestiones de Oscorima y Salcedo ya se encuentran bajo la lupa de la Contraloría en medio de la investigación que la Fiscalía de la Nación tiene contra ellos por el llamado caso Rolex que también implica a la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien se encuentra bajo indagación de enriquecimiento ilícito y omisión de información de sus bienes y rentas.

Oscorima y Salcedo fueron citados la semana pasada al Congreso. La autoridad regional de Ayacucho guardó silencio ante las preguntas de los miembros de la Comisión de Fiscalización, mientras que su homólogo de Cusco no se presentó y pidió que se reprograme para otra fecha su presencia.

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