Tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que determinó la liberación inmediata de Alberto Fujimori, quien enfrenta una condena de 25 años por casos como Barrios Altos y La Cantuta.
Las controversias persisten debido a la falta de pago por reparación civil derivada de sus condenas. Cabe precisar que el exmandatario enfrenta cargos que incluyen homicidio calificado, lesiones graves, usurpación de funciones, corrupción y espionaje.
Según la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, Fujimori es uno de los 15 principales deudores de reparación civil del Estado. La deuda asciende a S/57 millones de soles debido a los intereses acumulados desde su condena por tres casos juzgados por el Poder Judicial.
«Este monto incluye los intereses generados por el no pago de la reparación
civil impuesto por el Poder Judicial en favor del Estado por tres hechos: el
allanamiento irregular a la vivienda de Vladimiro Montesinos, la compra
irregular de Cable Canal y el pago de la CTS a su exasesor», se lee en un comunicado emitido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Además, la deuda no puede ser cobrada a través de la incautación de su pensión vitalicia por haber sido presidente del Perú, ya que Fujimori desistió de recibirla. Asimismo, no posee bienes o propiedades registradas a su nombre.
Es preciso tener en cuenta que el monto de reparación civil no es afectado por la liberación otorgada por el Tribunal Constitucional. La decisión judicial no exime a Fujimori de la responsabilidad de pagar la reparación civil al Estado.
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