El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos suspendió a Daniel Soria, procurador del Estado, a través de una medida cautelar mientras se lleva a cabo un proceso disciplinario en su contra.
Esta decisión fue adoptada por la comisión ad hoc como parte del proceso administrativo disciplinario iniciado el 16 de noviembre, basándose en un informe de la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario.
«Considero que es un procedimiento desde el punto de vista jurídico absolutamente insostenible», afirmó Soria, quien también expresó su preocupación por el daño que esta situación está causando a la procuraduría general del Estado. Además, cuestionó la reapertura del proceso en el Ministerio de Justicia, señalando que ya obtuvo sentencias favorables en instancias judiciales anteriores.
Soria destacó problemas en la estructuración del procedimiento desde el punto de vista jurídico. Afirmó que estaba dentro del plazo para presentar sus descargos, pero la medida de separación provisional fue emitida antes de que pudiera responder, lo que, según él, sugiere una conclusión premeditada por parte del Ministerio.
«Yo estaba en el plazo. Estoy preparando los descargos conjuntamente con un abogado y se iban a presentar en el plazo, pero 2 días después se emite esta medida de separación provisional donde la medida justamente se da porque la reflexión del ministerio es de que los indicios, de que la falta
realmente existió y es una falta grave que amerita destitución, son tan palpables que tenemos que suspender al procurador para que no siga ejerciendo», dijo.
«La procuraduría general del Estado se está debilitando, y es una institución crucial en la lucha contra la corrupción», advirtió Soria. Explicó que la suspensión afecta no solo a su persona, sino que también debilita la institución, que desempeña un papel determinante.
Ante la pregunta sobre posibles instancias de apelación, Soria expresó su confianza en encontrar soluciones a nivel personal, aunque reconoció que los caminos legales pueden ser prolongados. Subrayó que cualquier cambio en la dirección de la procuraduría implica alteraciones a nivel jerárquico y en las orientaciones de trabajo, afectando en última instancia la efectividad en la lucha contra la corrupción.
«Algunos meses tal vez demore, pero en tanto eso suceda, la institución va a seguir deteriorándose porque independientemente de la persona que dirija temporalmente la procuraduría general del Estado, un cambio de titular implica cambios a nivel de la jefatura, cambios a nivel de las orientaciones de trabajo», concluye.
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