Nuevas pruebas, en forma de conversaciones de WhatsApp, señalarían al congresista Darwin Espinoza como parte de una presunta organización criminal que operó durante el gobierno de Pedro Castillo. Según los testimonios de colaboradores eficaces, Espinoza habría recibido pagos millonarios para favorecer a empresarios vinculados a la pesca del atún.
En diciembre de 2021, Espinoza colocó a su cuñado, Javier Pérez Reyes, como director general de Pesca para consumo humano en el Ministerio de la Producción. Desde esta posición estratégica, Pérez Reyes se convirtió en pieza clave para la aprobación de normas a favor de empresarios pesqueros.
Una conversación entre ambos confirma la influencia directa del congresista en las decisiones del despacho.
Los testimonios apuntan a que Espinoza negoció un soborno de un millón de soles para impulsar una modificación normativa que beneficiaría a las empresas pesqueras. Los pagos habrían sido entregados en tres partes, según el colaborador eficaz 31-2023. Uno de ellos, de 800 mil soles, fue presuntamente recibido por Espinoza en un vehículo estacionado en Lince.
Las investigaciones también revelan reuniones en Palacio de Gobierno, donde Espinoza, junto a otros congresistas conocidos como «los niños», presentó a sus recomendados para ocupar cargos estratégicos. Estas designaciones no solo favorecieron los intereses del grupo, sino que facilitaron la aprobación de normas como la del reglamento de ordenamiento pesquero del atún, publicada en junio de 2022.
Sin embargo, la ejecución de esta norma quedó en suspenso debido a la falta de un formato de contrato. Según un mensaje de WhatsApp enviado por Juan Ricardo Torres, operador clave en este entramado, Espinoza llegó a exigir siete millones de soles adicionales para desbloquear la situación. Torres habría amenazado con divulgar videos comprometedores del congresista.
El caso también salpica a Sada Goray, empresaria investigada por otros actos de corrupción. Goray habría coordinado directamente con Espinoza y Torres para asegurar los cambios normativos, e incluso realizó pagos adicionales vinculados a estas tratativas.
A pesar de las graves acusaciones, Espinoza ha negado los hechos. «No voy a declarar», expresó al ser confrontado. Sin embargo, las pruebas parecen abrumadoras: mensajes, depósitos y reuniones documentadas lo colocan en el centro de la trama.
La investigación, declarada secreta por 90 días, ya apunta a más de 18 personas, incluyendo exfuncionarios del Ministerio de la Producción y familiares de Espinoza.
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