Denuncia constitucional contra canciller Carlos Pareja pasaría al Congreso bicameral, según Óscar Urviola
23.06.2026 / 13:30 mcandia@latina.pe
La denuncia constitucional presentada por Juntos por el Perú contra el canciller Carlos Pareja Ríos, por presuntas irregularidades durante la segunda vuelta electoral del 7 de junio, no tendría impacto en los resultados electorales ni sería resuelta por el actual Congreso, cuya legislatura está próxima a concluir.
En diálogo con Latina Noticias, el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, calificó la denuncia como “infundada” y “descabellada”. Según explicó, no advierte elementos que sustenten una presunta infracción constitucional atribuible al titular del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Urviola sostuvo que Pareja asumió el cargo por invitación del presidente José María Balcázar en una coyuntura excepcional y luego de una extensa trayectoria como diplomático de carrera. Desde su perspectiva, la denuncia no tendría sustento suficiente para comprometer la responsabilidad constitucional del canciller en el marco del proceso electoral.
La denuncia fue presentada por el personero legal de Juntos por el Perú, Pablo Salas Charca, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso. El recurso solicita la inhabilitación de Carlos Pareja para el ejercicio de la función pública por un plazo de 10 años, así como el inicio de una investigación penal.
¿DE QUÉ SE LE ACUSA AL CANCILLER?
El documento acusa al canciller de los presuntos delitos de fraude electoral, perturbación o impedimento de actos electorales y omisión de actos funcionales durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.
De acuerdo con Juntos por el Perú, Pareja habría dispuesto el desmantelamiento del sistema logístico, informático y de custodia diplomática de los sufragios de peruanos en el exterior, lo que —según la agrupación— habría vulnerado los principios de neutralidad estatal, legalidad e intangibilidad normativa.
La denuncia también cuestiona presuntos cambios en la organización del voto en el extranjero, así como decisiones administrativas adoptadas por la Cancillería antes de la segunda vuelta. Entre ellas, el cese de embajadores políticos en 17 países y un supuesto incremento en las remuneraciones de embajadores y cónsules.
EL TRÁMITE PASARÍA AL CONGRESO BICAMERAL
Respecto al trámite parlamentario, Urviola explicó que la denuncia ya no sería vista por el actual Congreso, debido a que la legislatura está por concluir. Por ello, correspondería al próximo Congreso bicameral asumir su evaluación una vez instalado el nuevo periodo parlamentario.
En ese escenario, la denuncia recaería inicialmente en la Cámara de Diputados, que deberá conformar sus comisiones, incluida la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Esta instancia será la encargada de analizar la admisibilidad y procedencia del recurso.
Si la denuncia supera esa primera etapa, la comisión podrá iniciar la investigación correspondiente y elaborar un informe final, que podría ser acusatorio o exculpatorio. Luego, el caso pasaría al Senado, instancia que tendrá la decisión final en el marco del juicio político.
Para Urviola, la denuncia debería ser archivada durante el trámite parlamentario por falta de sustento. En última instancia, señaló que el Senado tendría que evaluar el caso bajo criterios políticos y constitucionales, no judiciales.
CANCILLER RECHAZA ACUSACIONES
Por su parte, el canciller Carlos Pareja rechazó la denuncia constitucional presentada en su contra y negó haber incurrido en acciones destinadas a favorecer políticamente a alguna candidatura, manipular el proceso electoral o alterar actas del voto en el extranjero.
El titular de Relaciones Exteriores afirmó que actuó con respeto a la legalidad, la neutralidad del Poder Ejecutivo y la autonomía de los organismos electorales. También sostuvo que no se reportaron irregularidades en las mesas observadas por Juntos por el Perú por parte de observadores internacionales, representantes de la Contraloría, la Defensoría del Pueblo ni personeros acreditados de las agrupaciones políticas.