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Por Rodrigo Chillitupa / @RodrigoCT_94

Representantes de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) presentaron este martes 25 de junio ante la Corte Penal Internacional, cuya sede central se encuentra en la ciudad de La Haya (Países Bajos), una denuncia formal en contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por las muertes ocurridas entre diciembre de 2022 y enero de 2023 que actualmente son materia de una investigación en la Fiscalía de la Nación.

«Los eventos ocurridos entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 evidencian que en ese período se cometieron múltiples actos de asesinatos e intentos de asesinatos contra una población civil. Durante estas fechas sufrieron asesinato en Perú, principalmente en la zona sur del país, 49 personas – con por lo menos 155 víctimas de lesiones graves, las cuales consideramos como intentos de asesinatos, en un contexto de casi mil heridos –, lo cual satisface el “umbral cuantitativo” requerido por el Estatuto», se lee en el documento al que accedió Latina Noticias.

Además, las organizaciones de derechos humanos mencionan en su demanda que «mediante los planes de operaciones ya descritos, emitidos en el marco de Decretos de Emergencia, se llevaron a cabo operativos de la Policía y/o el Ejército, que partieron de un supuesto que las manifestaciones estaban cooptadas por terroristas y actores violentos».

«La mayoría de las víctimas eran hombres jóvenes pobres, quienes eran estudiantes o tenían trabajos como albañil, vendedor, taxista, o trabajador en sectores de agricultura, minería, o construcción […] Los manifestantes fueron tildados como terroristas abierta y públicamente por autoridades del estado, lo cual evidencia que este ataque se dirigió “contra” una población civil de manifestantes o personas percibidas como tal – personas consideradas como peligrosas o una amenaza por las autoridades», añaden.

Dentro del reporte también se enfatiza que Andahuaylas, Ayacucho y Juliaca son tres casos emblemáticos sobre la respuesta del Estado peruano ante la ola de manifestaciones que se registraron tras la asunción de Dina Boluarte por el fallido autogolpe de Estado que el expresidente Pedro Castillo quiso ejecutar en diciembre del 2022.

«Estas tres ciudades se ubican en el sur del país, en departamentos con una alta concentración de pueblos indígenas y comunidades económicamente marginadas. Se considera que este hecho incidió en las formas violentas adoptadas por la Policía y el Ejército del Perú para enfrentar las movilizaciones, por lo
que la CIDH ha manifestado que la investigación de los hechos ocurridos debe tener un “enfoque étnico – racial” y que las medidas de no repetición requieren de la adopción de “políticas integrales de seguridad ciudadana que prevengan y combatan el uso de criterios discriminatorios en acciones de seguridad», se analiza.

OBSTRUCCIÓN A LAS INVESTIGACIONES

De otro lado, la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte ante la Corte Penal Internacional también menciona que hubo presuntas acciones desplegadas de las fuerzas del orden para obstruir las investigaciones de la Fiscalía de la Nación sobre las muertes en las protestas antigubernamentales.

«Primero, se entregó información opaca sobre las operaciones en las que personas resultaron muertas, particularmente acerca del uso de municiones por parte de la Policía o el Ejército […] Respecto al Ejército, también existen alegaciones que se ha ocultado u omitido información. […] Luego de los asesinatos, en algunos casos, hay familiares de víctimas que fueron acosados con el fin que evitaran presentar denuncias penales», se indica.

A modo de conclusión, Aprodeh y FIDH enfatizan «que la Policía y el Ejército actuaron de conformidad con una política de un Estado. Ello se demuestra dada la existencia de Planes de Operaciones y Decretos
de Emergencia emitidos previos a los ataques, que permitieron a la Policía y al Ejército desplegarse a las zonas de manifestaciones».

Tras la presentación de la denuncia, toca que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional analice el fondo de los argumentos presentados por las organizaciones de derechos humanos a fin de evaluar la posibilidad de abrir una investigación contra el Gobierno de Dina Boluarte.

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