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Por Rodrigo Chillitupa | @RodrigoCT_94

El Poder Judicial decidió declarar infundada la demanda de amparo que la presidenta de la República, Dina Boluarte, interpuso para que se archive la investigación preliminar de la Fiscalía de la Nación por las muertes en las protestas contra su gobierno que ocurrieron en diciembre del 2022 y enero del 2023.

En el fallo del Segundo Juzgado Constitucional de Lima, al que Latina Noticias accedió, se lee que los abogados de Boluarte Zegarra buscaron que se declaren nulos y sin efecto legales la indagación que se inició en el Ministerio Público y la acusación constitucional presentada en noviembre del año pasado ante el Parlamento por este tema.

El argumento que pusieron para hacer este requerimiento es que a la mandataria se le vulneraron «aparentemente sus derechos constitucionales a la debida motivación de las resoluciones fiscales, el debido proceso y la desnaturalización de la prerrogativa constitucional de inmunidad presidencial».

Sin embargo, el PJ desestimó este argumento al sostener que «no se puede apreciar que la parte demandante haya precisado de manera fáctica y jurídica, el por qué considera que el Ministerio Público no habría motivado la Disposición N° 09 que resolvió su pedido de archivo definitivo».

«De la revisión de las disposiciones fiscales se puede apreciar que las mismas cumplen con los estándares de ser adecuadas, suficientes y congruentes; motivo por el cual, no puede estimarse el declarar fundada la demanda en dicho extremo», agrega.

Además, la resolución firmada por el magistrado Jonathan Valencia habla de que los fiscales cuentan con una «autonomía interna», por el cual están «exento de intervenciones ilegítimas de parte de otros funcionarios o particulares, e incluso de fiscales de mayor jerarquía».

De otro lado, enfatizan que el petitorio de la defensa legal de Boluarte Zegarra tiene una enorme contradicción al señalar que no buscan bloquear la investigación por las muertes en las protestas, pero al mismo tiempo denuncian en su demanda de amparo que se le vulneró la inmunidad presidencial a la mandataria que está protegida sólo si es que no se le acusa por alguno de los delitos del artículo 117 de la Constitución Política.

«La finalidad del Artículo 117° no es autorizar al presidente de la República a estar al margen de la Constitución e incumplirla y que como consecuencia está habilitado a vulnerar con impunidad las demás normas constitucionales; lo que resulta, absolutamente contradictorio con los principios de proscripción de la arbitrariedad y primacía de la Constitución, inherentes a todo Estado Constitucional de Derecho», anotan.

SEGUIRÁ INVESTIGADA

Con este fallo, la jefa de Estado seguirá investigada por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.

Cabe recordar que la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó en noviembre de 2023 una denuncia constitucional contra Boluarte ante el Congreso porque “habría omitido dolosamente adoptar medidas que garanticen el respeto irrestricto de la vida e integridad física de los ciudadanos”.

En esa ocasión se le imputó a Boluarte que cometió graves violaciones a los derechos humanos de Christopher Ramos, José Luis Aguilar, Rosalino Florez, Sonia Aguilar, Víctor Santisteban y Renato Murillo. En la denuncia también fueron comprendidos los exministros Alberto Otárola, Vicente Romero y Víctor Rojas.

Para afrontar este caso es que el Despacho Presidencial ha autorizado una partida de S/ 180 mil para costear los honorarios de los abogados de la presidenta.

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