El Ministerio del Interior se encuentra sumido en una de las peores crisis desde que Dina Boluarte asumió la presidencia de la República. Aunque la aparente razón de la crisis es el retiro del teniente general Jorge Angulo de la comandancia general de la Policía tras la agresión sufrida por la mandataria en Ayacucho, esto parece ser solo la punta del iceberg.
El trasfondo de la crisis revela disputas internas entre Angulo y el ministro Víctor Torres, desencadenadas por pedidos que el ministro realizó para beneficiar a cientos de policías al margen de las reglas internas.
El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, fue el encargado de anunciar la destitución de Angulo, seguido por la publicación de una resolución suprema en El Peruano, firmada por Dina Boluarte y Víctor Torres, designando a Víctor Zanabria como su sucesor. Sin embargo, lo llamativo fueron las razones expuestas por el gobierno.
Según el documento, Angulo fue removido no solo por la agresión a la presidenta, sino también porque los estados de emergencia no lograron reducir la criminalidad. Además, se argumentó la existencia de negligencias graves, incompatibilidad y falta de idoneidad para el cargo. El gobierno citó la Ley 31570 para respaldar la destitución, exigiendo causales específicas para remover a un comandante general antes de concluir su periodo.
A pesar de estas justificaciones, no se llevó a cabo una investigación correspondiente por parte de la oficina de Asuntos Internos, encargada de las investigaciones de faltas graves en el régimen disciplinario de la Policía Nacional.
La ceremonia de despedida de Angulo, realizada en la escuela de suboficiales de la PNP en Puente Piedra, contó con la ausencia notoria del ministro Torres. En su lugar, estuvo el entonces viceministro de Seguridad Pública, Héctor Loayza. Durante este evento, Angulo rechazó públicamente la decisión del gobierno y responsabilizó directamente al ministro Torres.
Las diferencias entre Angulo y Torres comenzaron el mes pasado, cuando el ministro envió un listado de generales que quería que no pasaran al retiro. A pesar de la falta de apoyo en el comando de Angulo, la presidenta Boluarte respaldó la decisión del comandante general. Los conflictos alcanzaron su punto máximo con los cambios de colocación de los oficiales, generando una lista de 291 recomendados por Torres.
Estas recomendaciones del ministro incluyeron la policía de carreteras, la dirección de medio ambiente, tránsito e Inteligencia. Torres incluso consultó a Angulo sobre la posibilidad de retirar al coronel Harvey Colchado, líder del equipo especial de la policía y, entre los investigados, se encuentra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta.
La crisis se intensifica con renuncias en cadena, incluida la del viceministro de Seguridad Pública. A pesar de los intentos del gobierno por mitigar daños, la crisis persiste, afectando la seguridad ciudadana y jugando a favor de los delincuentes en las calles.
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