El amigo de la infancia
El lunes 24 de febrero, la presidenta Dina Boluarte acudió a la Fiscalía de la Nación y declaró por cinco horas en el marco de una investigación por el presunto delito de colusión ¿El motivo? La polémica en la contratación de su amigo de la infancia.
La mandataria es señalada por la contratación de su ex amigo y aliado, Víctor Torres Merino, en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) cuando era ministra. La investigación busca determinar si Boluarte utilizó su cargo para favorecer indebidamente a Torres Merino, quien recibió múltiples contratos con el Estado.
Sobre el caso, documentos oficiales revelan que este último obtuvo al menos cuatro órdenes de servicio en el MIDIS por un monto significativo, pese a que no contaba con experiencia previa en el área. Además, informes periodísticos han señalado que otras entidades estatales también habrían contratado a Torres Merino tras su paso por el MIDIS.
Un aspirante a colaborador eficaz ha revelado que Torres Merino coincidió con Boluarte en el Club Departamental Apurímac, donde le solicitó apoyo para obtener un puesto de trabajo. Según este testimonio, la presidenta accedió y días después el amigo de infancia de los Boluarte obtuvo cuatro órdenes de servicio en el MIDIS. Estos contratos habrían sido otorgados sin seguir los procedimientos regulares, lo que refuerza las sospechas de una presunta colusión.
La Fiscalía ha cambiado su imputación contra Dina Boluarte de presunta instigadora a presunta autora del delito de colusión, lo que implica una mayor responsabilidad en los hechos. Además, el Ministerio Público ha solicitado información sobre otros posibles vínculos entre la mandataria y beneficiarios de contrataciones estatales durante su gestión.
La defensa de la presidenta niega cualquier irregularidad y sostiene que los contratos fueron otorgados conforme a la normativa vigente. No obstante, la Fiscalía continúa recopilando pruebas y evalúa si presentará una denuncia constitucional ante el Congreso para seguir con el proceso.
De ser así, Boluarte podría enfrentar un complejo escenario político y legal en los próximos meses, lo que podría afectar la estabilidad de su gobierno en medio de una creciente crisis de legitimidad y cuestionamientos éticos.
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