INSEGURIDAD CIUDADANA ECONOMIA PERUANA
Por Diana Decurt | @DianaDecurt
La Libertad ha estado en el ojo de la tormenta estos días. Paolo Guerrero, el conocido ‘Depredador’, sorprendió a los ciudadanos del norte cuando decidió romper el vínculo contractual con el club Universidad César Vallejo (UCV). ¿La razón? La ola de inseguridad que afecta a la región.
La delincuencia gobierna en Trujillo y otras provincias de la región, debido a las bandas criminales que son impulsadas por la minería ilegal, la extorsión y cobros de cupos. En lo que va del 2024, ya se registran 57 homicidios en La Libertad, más de un asesinato al día. Por ello, el Ejecutivo decidió declarar a su capital y Pataz en estado de emergencia. Pero no es el único caso.
Un estado de emergencia más se comenzó a considerar también en Arequipa, cuando el ministro del Interior, Víctor Torres, se reunió con once alcaldes de la Ciudad Blanca para implementar esta disposición, pero considerando acciones extraordinarias para prevenir daños en la economía. Y este último punto resulta vital. ¿Qué tanto afecta a nuestra economía el aumento de la criminalidad?
«La crisis más grande que hoy tiene el Perú es la de inseguridad, frente a ello, el empresariado está unido, así como las centrales sindicales de trabajadores, pues es un problema que nos afecta a todos«, señaló para Latina Noticias Alfonso Bustamante Canny, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas – Confiep.
Junto con la delincuencia, la adquisición de sistemas de vigilancia ha ido en aumento progresivo. Según el Instituto Peruano de Economía, el número de viviendas con sistemas de vigilancia se ha incrementado 6 veces desde 2014 hasta 2023.
«Estamos en una escalada de la violencia que llama a decisiones claras por parte del Gobierno y a cambios que implican tener una clase diferente de policías, de fiscales. Necesitamos un Poder Judicial operante y una adecuación de algunas leyes. Por ejemplo, las amenazas de extorsión no constituyen un delito. Eso no puede ser», sentenció Bustamante Canny.
La justicia en el país no está pasando por un buen momento. El caso más resonante es el de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien está acusada de encabezar una organización criminal en el Ministerio Público. La exfiscal habría dirigido negociaciones ilícitas con congresistas de la República para lograr la remoción de los miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia, la designación del defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, y la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
Si el Ministerio Público, entidad que busca defender los derechos ciudadanos y los intereses públicos, está siendo severamente cuestionada, al igual que la Policía y la misma presidenta de la República, Dina Boluarte, ¿qué protección pueden esperar los peruanos? ¿Qué debe hacer el Gobierno? El presidente de la Confiep cree que la respuesta está en la unión y una mejor gestión del capital.
«Urge que el Estado haga una mejor gestión de los recursos públicos. Le corresponde al Gobierno implementar estrategias de inteligencia, que se fortalezca a nuestra Policía Nacional para que no afecte la calidad de vida de las personas, su derecho a trabajar y a invertir», puntualizó.
Y es que este repunte de la delincuencia en Perú puede verse explicado en cifras, por ejemplo, 1 de cada 5 peruanos mayores de 15 años ha sido víctima de un delito. Además, 4 de cada 5 ciudadanos percibieron que el crimen y la delincuencia han aumentado en el 2023, según el INEI.
Por ello, no sorprende que Perú se ubique en el puesto 32 de 193 países en criminalidad, según el Índice Global del Crimen Organizado 2023 de la organización The Global Initiatiative Against Transnational Organized Crime. La entidad destacó la presencia de delitos que abarcan el robo, tráfico de personas y armas, narcotráfico, minería ilegal y extorsión. Esta última modalidad posee una tendencia creciente lo que impacta económicamente a las empresas y familias, y contribuye a un ambiente de mayor inestabilidad. ¿De qué forma?
Latina Noticias conversó con diferentes representantes de entidades que retratan, desde sus diferentes perspectivas, cómo la delincuencia perjudica a la economía del país.
De acuerdo a Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, esta ola de criminalidad, que se percibe en un repunte de extorsiones, ha perjudicado de manera más directa a los bodegueros. «Nos afecta, claro que sí. El nivel de extorsión ha sido tan agresivo que definitivamente ha generado demasiado temor en nosotros», contó.
Y es que un promedio de 13.000 bodegas han sido extorsionadas a nivel nacional y un promedio de 2.600 negocios cerraron temporalmente en Lima y Trujillo durante el 2023, según datos proporcionados desde la Asociación de Bodegueros del Perú.
En Lima, las bodegas ubicadas en Ate, Comas, Carabayllo, Puente Piedra, Callao, Ventanilla, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres han sido las más afectadas. Recordemos que en estas últimas zonas se llevó a cabo un estado de emergencia, debido a una ola de asesinatos, secuestros y hasta uso de granadas en actos delictivos.
¿Y qué zonas se ven perjudicadas entonces en La Libertad, el departamento que recientemente fue declarado en estado de emergencia? Pues las zonas de Trujillo, El Porvenir, Florencia de Mora, principalmente, precisó Choy.
Los datos proporcionados por Choy, coinciden con lo afirmado por Francisco San Martín Baldwin, presidente de la Cámara de Turismo de La Libertad, quien señaló que el departamento es víctima de una ola de inseguridad, siendo los pequeños empresarios los más perjudicados.
«Estamos en una situación de inseguridad, donde lo que ha aumentado son las extorsiones a los pequeños empresarios. No se trata de robos en las calles que afectan a los peatones ni a los turistas, uno puede caminar acá. El caso es que estamos rodeados de bandas criminales, bandas organizadas que se dedican a la extorsión«, señaló.
Asimismo, explicó cómo la propuesta del Gobierno de Dina Boluarte de declarar estado de emergencia en Trujillo no va a permitir que las empresas obtengan las ganancias esperadas, lo cual generará una merma económica importante en el departamento.
«En Trujillo se ha declarado el estado de emergencia de modo tal que todos los locales deben cerrar a las 12 de la noche y cuando se hace eso afecta a muchos negocios como restaurantes y bares. La gente no sale a las 6 de la tarde», precisó.
Además, San Martín cuestionó si esta medida realmente sea la idónea. «¿Existe un plan para atacar a la delincuencia, a los extorsionadores? No lo hemos visto, no se ha publicado. Solo se ha hecho un llamado de estado de emergencia, pero en muchos lugares (se ejecutó la misma medida) ¿y cuáles son los resultados de este estado de emergencia? Hasta ahora no sabemos», manifestó.
«Yo lo que veo que hay en el país es un estado de desgobierno que no es capaz de brindar la seguridad a los ciudadanos porque esa es una función mínima del Estado«, sentenció.
En la misma línea se encuentra el presidente de la Cámara Regional de Turismo de Arequipa, Walter Bustamante Cano. Y es que hasta el año 2022, se registró un aumento de la criminalidad del 31% en la segunda región más importante de Perú, de acuerdo con cifras de la Policía Nacional del Perú (PNP). Durante ese periodo, se presentaron 33,930 denuncias, incluyendo 336 por robo agravado a mano armada, 324 casos de extorsión y 121 homicidios.
Sin embargo, Bustamante Cano se mantiene firme en oponerse a una eventual declaratoria de emergencia, debido a cómo esta podría perjudicar a la economía de la Ciudad Blanca.
«De ninguna manera. La posición de la Cámara Regional de Turismo Arequipa es no al estado de emergencia. Se afecta a la economía, se afecta el libre tránsito de las personas. La economía debe trabajar 24 horas», señaló.
En reemplazo de la declaratoria de emergencia, el presidente del Concetur propone otra medida: la expulsión de indocumentados. De hecho, tanto los alcaldes como las autoridades policiales coinciden en relacionar el aumento de crímenes con la migración extranjera, pues los delincuentes pertenecen al ‘Tren de Aragua’ y sus múltiples facciones.
De acuerdo a la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), la criminalidad le cuesta al país 2.8% de su PBI y así lo confirmó también el exministro del Interior, Vicente Romero, quien durante su participación en el V Foro de Seguridad Ciudadana y Empresarial, organizado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL) en septiembre pasado, reveló que el costo de la inseguridad en nuestro país representa, aproximadamente, S/ 27,000 millones anuales.
Ante ello, el Grupo Eulen Perú, empresa Multinacional de Servicios Generales a empresas en Perú, reveló que, en el 2022 versus el 2019, las pequeñas y medianas empresas (pymes) incrementaron en un 25 % sus presupuestos para contratar servicios de seguridad; mientras que las grandes compañías invirtieron un 35% más.
Las empresas medianas y grandes destinan en promedio el 5.6% de sus ingresos netos a medidas de seguridad en general, de acuerdo con la última Encuesta Económica Anual del 2020.
Ante ello, Alfonso Bustamante Canny, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas – Confiep, señaló que es primordial que el Estado busque la protección y desarrollo de las mypes, ya que estas empresas generan empleo para los 33 millones 726 mil habitantes en el país.
«Es fundamental el trabajo articulado entre sector privado y Estado, en conjunto con la PNP. Se deben garantizar la libre actividad económica, principalmente para las mypes, que son el principal generador de empleo y el único medio de subsistencia para muchos peruanos«, señaló el representante de 22 gremios empresariales del país.
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