El Congreso de la República aprobó tres mociones de interpelación dirigidas al Ministro del Interior, Vicente Romero, en relación con su gestión y al incremento de la inseguridad ciudadana en el país. Como resultado de estas mociones, el Ministro deberá comparecer ante el Parlamento por segunda vez para responder a las preguntas planteadas por los legisladores y explicar su rol en la lucha contra la creciente ola de violencia y criminalidad.
Las preguntas que enfrentará el ministro Romero abarcan una serie de cuestiones críticas relacionadas con la seguridad y el orden público en el Perú. Estas incluyen la respuesta a la violencia que siguió a la destitución del Presidente Pedro Castillo y la asunción del régimen de Boluarte y Otárola en varias regiones del país, así como el uso de medidas represivas durante las protestas sociales.
Además, se cuestiona la continuidad de convenios interinstitucionales de la Policía Nacional del Perú con compañías mineras, la ejecución del presupuesto asignado al Ministerio del Interior, y el destino de la logística y los efectivos policiales desplegados durante las movilizaciones en el sur del país.
La interpelación también aborda la reciente declaración de estado de emergencia en los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana, donde se autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas. Se busca conocer las acciones previstas y el presupuesto destinado para esta declaración de emergencia.
El Ministro del Interior deberá explicar su enfoque estratégico para combatir la creciente inseguridad ciudadana y las acciones que se han llevado a cabo en relación con la Ley 27933 y el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINACE). Se explorará la coordinación con los Consejos Regionales de Seguridad Ciudadana (CORESEC), Consejos Provinciales de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) y Consejos Distritales de Seguridad Ciudadana (CODISEC) para abordar la criminalidad en áreas de alto riesgo.
Otras cuestiones incluyen la eficacia de la Policía Nacional del Perú en garantizar y mantener el orden interno, el déficit de efectivos policiales, la lucha contra el narcotráfico, y las políticas públicas en relación con el control migratorio y la salud.
El congresista Roberto Chiabra increpó al ministro del Interior que las escuelas están desabastecidas. Asimismo, mencionó que se está perdiendo la mística policial debido a que los cadetes no cuentan con una identidad sólida desde su formación.
La congresista Tania Ramirez de Fuerza Popular enfatizó en las comisarías de las regiones. Asimismo, Cuestionó la gestión de SALUDPOL: «no sirve, no le soluciona el problema médico a los efectivos policiales, que se elimine y que se equipe el Hospital de la Policía».
La congresista Vivian Olivos de Fuerza Popular cuestionó al Ministro del Interior, tachándolo de «mentiroso» por haber prometido el envío de 50 efectivos policiales y finalmente enviar solo 17. Olivos «invitó» al ministro a realizar un recorrido por la región Lima Provincias, sugiriendo que lo acompañaría en el proceso, y señaló la presencia de un cementerio de patrulleros en la zona como evidencia de la situación crítica.
Los argumentos que respaldan la declaración de estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Lince están relacionados con su elevado índice de criminalidad. Según los informes, San Juan de Lurigancho ocupa el primer lugar en incidencias delictivas, con un total de 23,400 denuncias registradas entre enero y agosto de este año. Además, se ha observado un incremento del 14% en comparación con el año anterior, con un promedio de 2 millones de soles en extorsiones y más de 74 víctimas fatales debido a sicariatos y asaltos.
Por otro lado, San Martín de Porres se sitúa en el tercer puesto con 13,000 denuncias y un aumento estimado del 7% en septiembre. Lince fue incluido en esta medida debido a su presencia en la lista de distritos donde las bandas criminales compiten por el control del territorio.
Según el reporte del Ministro del Interior, la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú ha iniciado procesos disciplinarios en los últimos tres años que involucran a 2,466 oficiales y suboficiales debido a faltas graves y muy graves. En este mismo período, se han aplicado sanciones a 3,935 efectivos como resultado de estas investigaciones disciplinarias.
Aunque destacó la complejidad del proceso de expulsión y sus implicaciones en términos de impunidad, informó que hasta la fecha se han registrado un total de 3,803 casos de expulsiones. Estas cifras se desglosan de la siguiente manera: 2,741 expulsiones se llevaron a cabo debido a actividades que perturbaban el orden público, 767 por el uso de documentación falsa en trámites migratorios, 142 tras cumplir condenas, 125 por mandato judicial, 11 casos de reincidencia, 12 por irregularidades en su situación migratoria o ingresar pese a impedimento, y cinco por no acatar las condiciones de salida impuestas.
El Ministro del Interior informó sobre las medidas tomadas y los resultados obtenidos tras la explosión de una granada en una discoteca de San Juan de Lurigancho, incidente que causó heridas a 15 personas.
«Este caso no quedará impune, al finalizar las investigaciones brindaremos toda la información».
«Cuando dejé la gestión en el 2018 había un trabajado articulado, 5 años después, al retornar a la gestión no hay resultados, resulta necesario que se replantee la metodología, realizaremos una nueva estrategia preventiva», señaló el ministro.
La última interrogante de la primera moción se refiere a la posible renuncia del Ministro del Interior, Vicente Romero, o si prefiere someterse al escrutinio político. A pesar de la claridad de la pregunta, el titular del Ministerio del Interior evitó dar una respuesta directa y explicó que los cargos ministeriales son de larga duración.
Romero expresó: «He servido en la Policía Nacional por más de 40 años. Al aceptar el cargo de Ministro, era consciente de la responsabilidad y la naturaleza de este puesto, especialmente cuando, según las estadísticas de los últimos años, ha habido 18 Ministros del Interior. Mi gestión siempre ha mantenido un compromiso constante con el trabajo y una firme convicción de contribuir a una mejor situación para el país y sus ciudadanos. Considero que los cambios deben pensarse a largo plazo.»
El Ministro del Interior, Vicente Romero, proporcionó detalles sobre las medidas tomadas en respuesta al estado de emergencia declarado en los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, donde se destinaron 142 oficiales, 1407 suboficiales, 104 automóviles, 99 camionetas y 227 motocicletas para mantener la seguridad y el orden en estas áreas. Asimismo, en el caso de Sullana, se enviaron 174 oficiales, 993 suboficiales, 2 automóviles, 8 camionetas y 39 motocicletas como parte de las acciones para abordar la situación en esta localidad.
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