El expresidente Alberto Fujimori ha recibido su primera pensión de 15.600 soles, según confirmó su abogado Elio Riera. Esta pensión, que se pagará mensualmente hasta el final de sus días, ha desatado una gran controversia política en Perú. La Oficina Legal y Constitucional del Congreso, responsable de autorizar el pago, ha estado en el centro de las críticas debido a la percepción de favoritismo político y a la influencia de figuras vinculadas a Alianza Para el Progreso (APP).
La controversia se intensifica al observar que varios funcionarios involucrados en la tramitación de la pensión tienen conexiones con APP, incluyendo a Haidy Figueroa, jefa del Departamento de Recursos Humanos del Congreso.
Figueroa, conocida por su vinculación con APP, firmó el documento que aprobó la pensión de Fujimori, generando sospechas sobre posibles acuerdos políticos. Luis Valdez Farías, secretario general de APP, ha negado cualquier vínculo entre el otorgamiento de la pensión y acuerdos políticos, pero la relación de varios funcionarios con APP sigue siendo un punto de debate.
Críticas adicionales surgen respecto a la legalidad del pago. Abogados constitucionalistas como Aníbal Quiroga y Luciano López han cuestionado la validez jurídica de la pensión, argumentando que Fujimori no debería recibir este beneficio debido a sus condenas y el proceso de vacancia.
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