Extorsión fuera de control: 64 choferes fueron asesinados en el 2026
23.08.2026 / 20:17 Agustín Sosa
La violencia contra el transporte público continúa pese a las promesas del nuevo gobierno de Keiko Fujimori. El equipo de Punto Final, en medio de los nuevos casos de asesinatos y ataques contra choferes de distintas empresas, recogió el reclamo de los gremios que exigen una respuesta efectiva contra la extorsión y el sicariato. Según informó la Policía Nacional del Perú (PNP), 64 choferes fueron asesinados en lo que va del 2026.
Esta semana, representantes del sector Transportes comenzaron a reunirse con funcionarios del Palacio de Gobierno luego de anunciar una paralización por la inacción durante estos últimos años. El sábado 22 de agosto, un grupo encabezado por Julio Rau Rau se reunió con los ministros del Interior y de Transportes. Otros gremios, como el liderado por Héctor Vargas, han decidido declinar su apoyo al paro luego de programarse reuniones con el Ejecutivo la semana entrante.
Los transportistas sostienen que las medidas aplicadas hasta el momento no han conseguido frenar los ataques. Julio Bretoneche, de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano, cuestionó la estrategia: “Lo que nosotros sentimos es que no está resultando. Y no lo decimos porque queremos decirlo, lo basamos y fundamentamos en los hechos”.
Ataques de sicarios no descansan contra choferes y empresas
Solo en lo que va de agosto se registraron nuevos ataques y asesinatos. La madrugada del 19 de agosto, César Cristian Díaz Barreto, de 33 años, fue asesinado a sangre fría mientras conducía una combi en el Cercado de Lima. Debido a la ráfaga de 8 balas, fueron heridas dos pasajeras. Las investigaciones señalan que la hueste criminal exigía 40 soles diarios por cupo.
Días antes, el 14 de agosto, Pedro Peralta Aguilar, un adulto mayor de 71 años, fue baleado en La Perla, Callao, cuando conducía su bus asignado por la empresa ETMOSA. El 18 de agosto, dos sujetos en motocicleta dispararon contra una miniván en Collique. Ese mismo día, la sangre volvió a manchar a la reconocida empresa Vipusa tras el asesinato de uno de sus conductores que se encontraba regresando a Villa El Salvador. Los hampones también apuntan al transporte interprovincial, con ataques contra las empresas Cruz del Norte y Cruz del Sur.
Sin embargo, después de la muerte, estas bandas no guardan los escrúpulos. Una mujer, cuya identidad reservamos, contó a este equipo de Punto Final que su hermano, un chofer asesinado, fue víctima de extorsión en vida y que, posterior a su homicidio, su familia fue amenazada. Según señala, tuvieron que organizar una actividad para reunir el dinero y pagar la “deuda” que los criminales atribuían a la víctima.
Otras víctimas, que sobreviven al asalto, aún mantienen un recuerdo que amenaza su salud. Este es el caso de Julio César Guerra, conductor que vivió luego de que una bala ingresara a su cuerpo y se alojara cerca de la escápula. “Hasta ahora tengo la bala, ya cinco meses, seis meses. Me siento la bala”, relató. Pese al temor de su familia, Guerra regresó a trabajar y espera una cirugía para retirarla.
¿Qué plantea el gobierno de Keiko Fujimori contra la extorsión?
La investigadora en seguridad ciudadana Cecilia Caparachín explicó que el problema debe entenderse como una estructura criminal. “Hay que verlo como lo que es, es un negocio criminal”, sostuvo. Según la especialista, de las denuncias por extorsión analizadas el año pasado, solamente el 1,7% llegó a una sentencia.
Ante el Congreso, el premier Luis Galarreta y el ministro del Interior, César Astudillo, presentaron los principales lineamientos de su política de seguridad: recuperar el control territorial, atacar las finanzas del crimen y crear una división especializada contra la extorsión. Astudillo advirtió que no ofrecerá resultados inmediatos: “No vengo a prometerles que el crimen desaparecerá la próxima semana”.
El Gobierno también impulsa el denominado Plan Escudo, que contempla el acompañamiento de las Fuerzas Armadas a la Policía. Sin embargo, los transportistas tienen dudas sobre su efectividad. Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte, señaló que no conocen con claridad sus alcances, mientras que Julio Bretoneche consideró que los militares deberían concentrarse en proteger activos del Estado.
El nuevo Gobierno lleva menos de un mes instalado y todavía está por verse el impacto de sus medidas. Mientras tanto, los transportistas continúan esperando resultados frente a una violencia que ya cobró decenas de vidas. Para Julio César Guerra, quien sobrevivió a un ataque, el mensaje es sencillo: “A mis compañeros, que se cuiden de corazón, siempre pilas. A mi familia, recen por mí”.