El Fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, solicitó al contralor de la República, Nelson Shack, una auditoría de gestión y fiscalización de carácter multidisciplinario, dirigida a examinar y evaluar el control interno y la gestión del Ministerio Público, esto tras la suspensión de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Otra decisión tomada en relación con las investigaciones de una presunta organización criminal en la fiscalía, fue la restricción de los accesos a las oficinas del Ministerio Público. El exfiscal de la Nación interino, Pablo Sánchez, ordenó que de “manera urgente e inmediata” se restrinjan los accesos a las oficinas de los principales funcionarios del Ministerio Público.
A través de un oficio elaborado por la secretaria general de la Fiscalía de la Nación, Fiorella Casique, enviado a Edgar Peralta Lino, gerente de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional del Ministerio Público, se ordena que se restrinja el acceso del personal a las oficinas del Despacho de la Fiscalía de la Nación, de los asesores de dicho despacho, del Área Especializada de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, y del Área Especializada de la Fiscalía de la Nación en Denuncias contra Magistrados.
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