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La fiscal suprema Delia Espinoza presentó el último 10 de mayo un requerimiento ante el magistrado Juan Carlos Checkley Soria, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, para que se amplíe la suspensión temporal de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, por 36 meses más en el marco de la investigación preliminar que se le sigue por el caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’.

Según el comunicado del Ministerio Público en sus redes institucionales, la solicitud de Espinoza ya ha sido respondida por Checkley Soria que ha convocado a una audiencia para el próximo miércoles 22 de mayo a las 9:30 horas de la mañana a fin de que se exponga los argumentos. De igual manera, se espera que el abogado de Benavides esté presente.

Cabe precisar que la medida de la fiscal Espinoza, titular de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, se debe a que la separación temporal de Patricia Benavides al frente del Ministerio Público, que fue decretada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en diciembre del 2023, vence en junio.

Entre las potestades de la JNJ está de ampliar por 6 meses más la suspensión de Benavides, pero actualmente no tiene el quórum necesario dado que solo tiene 5 miembros a raíz de que aún no se cubren las plazas dejadas por Aldo Vásquez e Inés Tello, quienes fueron inhabilitados por 10 años de la función pública por el Congreso.

La exfiscal de la Nación es investigada por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, cohecho activo específico, cohecho pasivo específico, patrocinio ilegal, negociación incompatible, tráfico de influencias agravado, cohecho activo genérico y cohecho pasivo impropio.

REDES CRIMINALES

Según la denuncia constitucional presentada por la fiscal suprema Delia Espinoza ante el Parlamento hace unos días, la suspendida Patricia Benavides habría contado con dos redes, interna y externa, que operaban para cumplir con sus objetivos como jefa de la presunta red criminal que se comenzó a gestar en diciembre del 2021.

En el documento al que Latina Noticias accedió se puede observar que Benavides tuvo en sus exasesores Jaime Villanueva, Abel Hurtado y Miguel Girao, así como los entonces fiscales adjuntos supremos provisionales Marco Huamán y Elmer Ríos, como los encargados de elaborar pronunciamientos fiscales que eran requeridos por congresistas a cambio de sus votos a favor de los intereses de la organización criminal.

De otro lado, la exfiscal de la Nación tuvo su red externa en el Congreso, donde las parlamentarias Patricia Chirinos (Avanza País) y Martha Moyano (Fuerza Popular) fueron sus operadores para remover a la Junta Nacional de Justicia, impulsar el nombramiento de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo y aprobar la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.