A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), la Fiscalía dio a conocer la presentación de una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, así como otras autoridades del Estado peruano.
Esta decisión, tomada a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, se realizó como presuntos autores del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en el contexto de violaciones a los derechos huamnos.
La denuncia incluye al presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, y los ministros Luis Otárola, Jorge Chávez y César Cervantes.
Los cargos imputados incluyen homicidio calificado, lesiones graves y leves por omisión, en el contexto de graves violaciones de derechos humanos durante las protestas sociales entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023.
Durante este período de manifestaciones, se reportaron 44 muertes, 41 por disparos y 3 por golpes, y 116 personas heridas, la mayoría por proyectiles de arma de fuego. Las acusaciones se centran en la omisión de deberes que contribuyeron a estas muertes y lesiones.
Adicionalmente, la Fiscalía ha dispuesto el archivo de la denuncia por genocidio relacionada con estos funcionarios. En paralelo, existen 303 investigaciones en curso que involucran a 824 personas por delitos como entorpecimiento de servicios públicos, ataques a la autoridad y daños a la propiedad.
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