Nueva denuncia constitucional contra Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito

La Fiscalía de la Nación informó hoy que presentó una nueva denuncia constitucional contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, ante el Congreso por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito agravado y omisión de consignar declaraciones en documentos en agravio del Estado.

Según el comunicado del Ministerio Público, la medida se toma porque Boluarte Zegarra habría cometido un presunto abuso de los cargos que desempeñó entre el 29 de julio del 2021 y el 15 de marzo del 2024 —periodo en el que fue titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y la jefatura de Estado— en el que su patrimonio personal habría experimentado un ilegal aumento.

Además, se añade que la mandataria habría omitido consignar bienes y rentas correspondientes para los años 2021, 2022 y 2023. Entre ellos, se encuentran dos relojes marca Rolex y otras joyas de alto valor.

🚨 #Comunicado | Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncia constitucional ante el @congresoperu contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, en su condición de ministra de Desarrollo e Inclusión Social y… pic.twitter.com/9mIsvKclZu

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 16, 2025

DENUNCIA POR MUERTES EN LAS PROTESTAS

La denuncia presentada esta tarde desde la Fiscalía se suma a la que ayer se presentó contra la presidenta Boluarte por las muertes registradas en las primeras protestas contra su gobierno entre diciembre del 2022 y febrero del 2023.

La acusación incluye también al expremier Alberto Otárola, el exministro del Interior César Angulo Cervantes, así como a Jorge Luis Chávez Cresta, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández.

A los señalados se les acusa de ser posibles autores de delitos de lesiones leves y graves en perjuicio de personas como Ronald Rojas Ramos y Michel Chipana Vega, además de otras víctimas identificadas.

“La imputación está vinculada a las protestas sociales producidas en el periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 2022 y 9 de febrero de 2023 en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco y Puno, así como en Lima Metropolitana; identificándose a 75 víctimas por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública ejercida por la Policía Nacional de Perú y las Fuerzas Armadas, hechos que fueron de pleno conocimiento de los investigados”, indica el documento.

VIDEO RECOMENDADO

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7