La Fiscalía de la Nación ha solicitado al Poder Judicial el levantamiento del secreto bancario de la congresista Rosio Torres, investigada por presuntamente haber recortado el sueldo de los trabajadores de su despacho parlamentario, hecho que fue denunciado por Punto Final en abril del año pasado.
La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, está investigando a la congresista Torres y a su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra, quien habría recibido las transferencias de los trabajadores afectados, en el caso conocido como ‘Mochasueldos’. La legisladora habría incurrido en el delito de concusión en agravio del Estado, utilizando su cargo para obtener un beneficio personal.
La congresista Torres y su sobrino tienen un plazo de tres días hábiles para presentar sus descargos ante la Fiscalía. La decisión final sobre el levantamiento del secreto bancario la tomará el juez a cargo del caso. Fue el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales la que presentó el pedido.
La audiencia para evaluar este requerimiento se ha programado para el viernes 23 de febrero (11:00 a.m.). Este caso ha generado gran revuelo en el ámbito político y social. La investigación contra la congresista Torres se suma a otros casos de corrupción que han salpicado a diversos funcionarios públicos en los últimos años.
Entre las acusaciones que se le otorgan a Rosio Torres está el delito de concusión en agravio del Estado, pues según la tesis fiscal la congresista habría exigido a sus trabajadores la entrega de una parte de sus remuneraciones para que se mantengan en sus puestos de trabajo.
Similar al caso de su colega Torres, la parlamentaria de Alianza para el Progreso (APP) está siendo investigada por el Ministerio Público por un presunto caso de concusión. La investigación se basa en la denuncia de un extrabajador de su despacho, quien la acusa de haber solicitado pagos irregulares para trabajar en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ha programado una audiencia para el jueves 29 de febrero para evaluar el levantamiento del secreto de las comunicaciones de la congresista Ruiz. Esta medida también se solicita para los investigados Jaime Sánchez Parra y Camila Mantilla Heredia, a quienes se les imputa el mismo delito.
La audiencia para evaluar el levantamiento del secreto de las comunicaciones se llevará a cabo en una sesión privada. El magistrado Juan Carlos Checkley será el responsable de tomar la decisión final sobre este requerimiento.
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