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La exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, enfrenta un nuevo revés legal luego de que la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitara su impedimento de salida del país. Este requerimiento se basa en el peligro procesal derivado de su presunta pertenencia a una organización criminal.

Según indicó el Ministerio Público, el requerimiento fiscal se basa en numerosos elementos de convicción que han sido presentados ante la autoridad judicial. Esta medida se enmarca en las investigaciones en curso contra la exfiscal de la Nación.

La investigación, liderada por los fiscales del Eficcop, encabezados por Marita Barreto, condujo a la detención de siete personas en la operación denominada «Valkiria XI», que tuvo lugar en la madrugada del martes 23 de abril. Estas detenciones están relacionadas con personas vinculadas al círculo de confianza de Patricia Benavides.

LA ACUSACIÓN CONTRA BENAVIDES

De acuerdo con la Fiscalía, la presunta organización criminal liderada por Patricia Benavides habría utilizado el monopolio de la persecución penal para sus propios intereses y para obtener ganancias ilícitas a través de actividades corruptas.

Según la Fiscalía, esta red se habría consolidado con el objetivo de evitar procesos judiciales y mantener a Benavides en su cargo, influenciando de manera ilícita en decisiones legislativas y en la designación de funcionarios públicos, como el defensor del Pueblo y los miembros de la Junta Nacional de Justicia.

Entre las acciones atribuidas a esta organización, se menciona la influencia ilícita en decisiones de congresistas para promover la destitución de Zoraida Ávalos como fiscal de la Nación, así como la intervención en la designación del defensor del Pueblo y la búsqueda de la remoción de miembros de la Junta Nacional de Justicia para evitar su destitución.

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