Los detalles de las medidas complementarias del Gobierno para la ley contra extorsión y sicariato
19.01.2026 / 09:52 core@latina.pe
El Poder Ejecutivo aprobó un conjunto de medidas complementarias a la ley que combate los delitos de extorsión y sicariato que afectan al transporte público y de mercancías, en un contexto marcado por el aumento de la inseguridad ciudadana.
Entre las disposiciones más relevantes destaca el fortalecimiento del intercambio de información entre entidades del Estado. En ese marco, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) designará, mediante oficio dirigido a la Policía Nacional del Perú (PNP), a un responsable con acceso en línea a la base de datos de personas denunciadas por estos delitos. La PNP deberá habilitar ese acceso en un plazo máximo de cinco días calendario, salvo observación.
También se ratifica que la División del Observatorio del Crimen, del Comando de Operaciones Policiales, será la encargada de elaborar mapas delictivos georreferenciados y análisis espaciotemporales. Estas herramientas permitirán identificar zonas críticas y mejorar la planificación de operativos preventivos y disuasivos.
En esa misma línea, la PNP identificará y delimitará zonas afectadas por bloqueos, amenazas o riesgos delictivos. Para ello, podrá solicitar información al Mapa Interactivo de Alertas de la Sutran y a otros sistemas. Esta información será actualizada semanalmente y remitida al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
OTRAS MEDIDAS
El MTC pondrá en marcha el programa Ruta Segura Restablecida, que financiará la reparación de infraestructura y equipos dañados por actos delictivos. Asimismo, evaluará rutas, paraderos, terminales y vehículos para implementar medidas de seguridad operativa como cámaras de videovigilancia y botones de pánico conectados al sistema C5i, según la disponibilidad tecnológica y presupuestal.
La norma también prevé la creación de centros de comando y patrullaje focalizado, con participación de unidades especializadas en extorsión y sicariato.
En materia de protección a las víctimas, se garantiza la confidencialidad de la denuncia y la identidad del denunciante, así como la habilitación de canales de orientación, botones de pánico contra extorsiones y patrullaje especializado.
Asimismo, se refuerza la coordinación entre la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial, y se crea el Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES).
Finalmente, también se impulsará el mecanismo de extinción de dominio para afectar el patrimonio de las organizaciones criminales y se crearán fondos de apoyo financiero y atención psicológica para empresas y víctimas afectadas. El objetivo es garantizar la continuidad del servicio y facilitar la recuperación tras los delitos.