Gobierno autoriza rescate financiero de hasta $ 2.000 millones para Petroperú por crisis energética

El Gobierno autorizó un rescate financiero de hasta 2 mil millones de dólares para Petroperú mediante el Decreto de Urgencia N.º 003-2026, en medio de la crisis energética internacional y los problemas de liquidez que enfrenta la empresa estatal. La medida busca garantizar el abastecimiento de combustibles en el país y evitar un impacto mayor en la economía nacional.

El decreto, firmado por el presidente José María Balcázar, señala que el conflicto en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz afectaron la oferta mundial de petróleo, elevando los precios internacionales y aumentando la vulnerabilidad energética de países importadores como el Perú.

Según el documento oficial, el 74% de la matriz energética peruana depende de hidrocarburos, por lo que una interrupción en el suministro de combustibles podría afectar actividades económicas, transporte, producción y servicios básicos en todo el país.

Los recursos serán canalizados mediante fideicomisos y estarán destinados exclusivamente a garantizar la continuidad operativa de Petroperú, recomponer inventarios de combustibles y financiar capital de trabajo. La supervisión del uso de estos fondos estará a cargo de ProInversión.

Además, el Ministerio de Energía y Minas quedó autorizado para asumir compromisos contingentes de hasta $ 2.000 millones, lo que permitirá respaldar futuras operaciones financieras de la petrolera estatal frente a entidades bancarias.

El decreto también contempla la posibilidad de que Petroperú constituya un vehículo de propósito especial, de manera individual o asociada, para canalizar recursos y asegurar sus operaciones. Todo el proceso deberá contar con acompañamiento técnico de ProInversión.

Como parte de las disposiciones, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada tendrá un plazo de 10 días para aprobar el protocolo de canalización y uso de los recursos, mientras que el directorio y la gerencia general de Petroperú deberán ejecutar las medidas societarias necesarias en un máximo de cinco días hábiles.

La norma tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y se publica pocos días después de la designación de Edmundo Lizarzaburu como presidente del directorio de Petroperú, en medio del retorno de antiguos directivos vinculados a la reestructuración de la empresa estatal.

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