Gobierno busca calificar a bandas criminales como agrupaciones terroristas u hostiles: ¿en qué consiste la propuesta?
31.08.2026 / 16:29 rcubbin@latina.pe
El gobierno de Keiko Fujimori presentó el pedido de facultades ante el Congreso de la República para legislar por 120 días en materias como promoción del empleo, desarrollo productivo, régimen tributario, simplificación administrativa, entre otros. En lo que respecta a seguridad ciudadana, proponen declarar a bandas criminales como organizaciones terroristas.
En conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, indicó que, calificando a estas agrupaciones como “hostiles”, las Fuerzas Armadas podrían tomar acción y hacerles frente.
¿EN QUÉ CONSISTE LA PROPUESTA?
Para calificar las bandas criminales como organizaciones terroristas, el Poder Ejecutivo buscará modificar el Decreto Legislativo 1095, norma que regula el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas.
En diálogo con Latina, el exviceministro del Interior, Ricardo Valdéz, opina no hay claridad sobre la motivación detrás de esta medida, teniendo en cuenta que los objetivos son distintos: mientras que los grupos terroristas quieren implantar una ideología, las organizaciones criminales desean obtener lucro por medio de la violencia. “Da la impresión que es una forma de permitir más allá de los estados de excepción la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la criminalidad”, puntualizó.
“Quieren darle una nueva función a las Fuerzas Armadas en tiempos de inseguridad extrema, pero tampoco somos un país con inseguridad extrema, no somos Ecuador… Ecuador tiene 40 por 10 mil habitantes muertos al año y el Perú está en 10,7. Hay diferencias sustantivas”, aseveró.
Para el exviceministro, la propuesta también escondería otra intención: implementar el artículo 140 de la Constitución “sin tener que salir del pacto de San José”. Este apartado establece que la pena de muerte solo se puede aplicar para traición a la patria en casos de guerra y terrorismo.
¿QUÉ SIGNIFICA ‘GRUPO HOSTIL’?
El Tribunal Constitucional, en el 2015, estableció que la definición de “grupo hostil” del Decreto Legislativo 1095 es inconstitucional, ya que engloba a los colectivos que, además de estar minimamente organizados y participar en hostilidades, es capaz de enfrentar al Estado de manera prolongada a través de la utilización de armas punzocortantes o contundentes en cantidad.
En ese sentido, el TC menciona que no cabe aplicar dicha definición, derivada del Derecho Internacional Humanitario, a un grupo que participa en disturbios internos y que no se encuentra en la posibilidad real de enfrentar las armas y equipamiento de la Policía y de las FF.AA.
El exministro del Interior, Cluber Aliaga, explicó a Latina que la calificación de “grupos hostiles” está considerada en el derecho internacional y permite que las Fuerzas Armadas actúen contra un objetivo, como si este fuese un enemigo externo.
“En el derecho internacional lo que se exige es que es esa fuerza que hay que combatir esté localizada en una zona, en un territorio, que actúe con armamento de guerra o armamento altamente letal, que al obligue la actuación de las Fuerzas Armadas”, explicó.
Precisa que esta calificación es de naturaleza temporal y que se deben respetar los parámetros. “No se puede indiscriminadamente decir que todas las bandas criminales constituyen organizaciones que tengan esta naturaleza”,sostiene.
“Si no se respetan estos parámetros que señala el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, lo que vamos a tener son intervenciones que van a ser cuestionadas en la vía judicial y vamos a tener militares que estén procesados y perseguidos por el sistema de justicia”, añadió.
¿QUÉ PUEDE HACER EL GOBIERNO?
De acuerdo con Valdés, el gobierno podría reducir la criminalidad sin otorgarle nuevas facultades a las FF. AA., a través de disposiciones internas. Comenta que se podría tener resultados en el corto plazo , reforzando la tecnología y creando equipos especiales conformados por 4.000 miembros de la PNP
“Pero eso supone una inversión muy fuerte en tecnología, supone contratar centros universitarios que me puedan trabajar con los sistemas de denuncia, supone mesas de trabajo, supone gestión”, remarcó.
En el caso de Aliaga, considera que “las facultades legislativas son importantes, pero tampoco son la la solución de todos los problemas de seguridad”. Desde su perpectiva, el Poder Ejecutivo debe procuprar elevar las competencias de la Policía en los campos de la prevención, inteligencia, seguridad, investigación criminal, entre otros.