El destino de Joaquín Ramírez, alcalde de Cajamarca y exsecretario de Fuerza Popular, pende de un hilo. El lunes 22 de julio, el Poder Judicial comenzará a evaluar la solicitud del Ministerio Público para imponer un impedimento de salida del país por 36 meses a Ramírez, el exasesor Pier Figari y otras siete personas, todas ellas investigadas por presunto lavado de activos.
La audiencia se llevará a cabo desde las 08:30 de la mañana en la sede de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, ubicada en la cuadra 7 de la avenida Tacna, en Cercado de Lima.
El juez Víctor Zúñiga será el encargado de analizar la solicitud presentada por la fiscal adjunta Milagros Sierra Cerrón. Sierra considera que hay suficientes elementos de convicción, además de un riesgo significativo de fuga y obstrucción de la investigación para justificar esta medida.
En su resolución, el juez Zúñiga detalló que su despacho se dedicará a conocer y resolver el requerimiento del Ministerio Público, a pesar de que aún está pendiente una resolución de fondo por parte de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional. Esta sala debe pronunciarse sobre las recusaciones presentadas en su contra por la defensa técnica de la Universidad Alas Peruanas.
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