Juntos por el Perú propone amnistía para Pedro Castillo por intento de golpe de Estado
31.10.2026 / 10:53 core@latina.pe
Los diputados de Juntos por el Perú presentaron ante la Cámara de Diputados una proposición legislativa orientada a conceder la amnistía al expresidente Pedro Castillo Terrones. La medida contempla liberar de responsabilidad penal tanto al exjefe de Estado como a todas las personas que hubieran intervenido de manera directa o indirecta en la preparación, redacción, lectura y difusión del mensaje a la nación emitido el 7 de diciembre de 2022, jornada en la cual se anunció la disolución del Congreso de la República.
El documento normativo plantea extender el alcance de la gracia procesal a los acontecimientos registrados a nivel nacional a partir del 28 de julio de 2021 y hasta la jornada previa a la entrada en vigencia del texto legal. De este modo, la iniciativa parlamentaria procura abarcar de forma integral el periodo gubernamental citado y las múltiples manifestaciones sociales desencadenadas a lo largo de dicha etapa política.
Esta propuesta resulta sumamente relevante en el escenario político actual, en vista de que busca dejar sin efecto las investigaciones y juzgamientos derivados de la crisis institucional que culminó con la vacancia presidencial. La presentación de este proyecto abre un debate de alcance nacional sobre la justicia transitoria, la responsabilidad penal de exautoridades y las consecuencias jurídicas de las protestas ciudadanas.
¿QUIÉNES SERÍAN AMNISTIADOS?
La iniciativa estipula expresamente que el beneficio legal abarca a aquellos ciudadanos cuyas acciones desarrolladas en el marco de las protestas sociales hayan sido tipificadas como disturbios o entorpecimiento del funcionamiento de los servicios públicos. De igual modo, la amnistía protegerá a quienes enfrenten imputaciones por violencia o resistencia a la autoridad, usurpación de espacios y extorsión en las modalidades vinculadas a las tomas de instalaciones o a la obstaculización de vías públicas. El texto también incluye presuntos ilícitos relacionados con apología del delito y organización criminal.
En cuanto a los mecanismos institucionales para hacer efectiva la medida, la proposición dispone que, de aprobarse la medida, la aplicación del beneficio procesal se realizará de oficio o a solicitud expresa de las partes interesadas. Asimismo, la iniciativa jurídica establece un marco temporal riguroso para la actuación de las autoridades competentes en el sistema judicial.
Según detalla el texto del proyecto, el órgano encargado deberá emitir su pronunciamiento definitivo en un plazo máximo de diez días hábiles, los cuales empezarán a contabilizarse inmediatamente después de promulgada la ley o a partir del momento en que se efectúe formalmente la petición por parte de los interesados.