La liberación de Ollanta Humala: el fallo del Tribunal Consitucional que anuló su condena por lavado de activos
02.08.2026 / 22:25 Agustín Sosa
El expresidente Ollanta Humala recuperó su libertad luego de que el Tribunal Constitucional (TC) declarara nulo el proceso judicial que culminó con su condena a 15 años de prisión por el presunto delito de lavado de activos relacionado con los aportes recibidos durante las campañas presidenciales de 2006 y 2011. Tras abandonar el penal de Barbadillo, Humala calificó su encarcelamiento como una “persecución política” y sostuvo que tanto él como su familia fueron víctimas de un proceso ilegal, por el que incluso pidió que el Estado se disculpe con su familia.
La sentencia del TC concluyó que la conducta atribuida a Humala —la recepción de aportes para campañas políticas— no podía ser procesada como lavado de activos bajo la legislación vigente cuando ocurrieron los hechos. Para su abogado, Wilfredo Pedraza, el fallo establece que el delito de lavado de activos no era aplicable a este tipo de financiamiento electoral en los años investigados, criterio que, según afirmó, también fue determinante en el archivo del denominado caso Cocteles contra la ahora presidenta Keiko Fujimori.
Precisamente, Keiko Fujimori consideró que ambos procesos guardaban similitudes al estar relacionados con presuntos aportes de campaña y sostuvo que, tras el archivo de su caso, era previsible que ocurriera lo mismo con Humala. La mandataria también señaló que corresponde al Poder Judicial acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional y expresó su conformidad con la excarcelación del exmandatario, al tiempo que pidió que el sistema de justicia concentre sus esfuerzos en combatir la delincuencia.
La decisión del TC, sin embargo, ha generado cuestionamientos. El exfiscal José Domingo Pérez sostuvo que el fallo responde al mismo criterio aplicado anteriormente en el caso Cocteles, que liberó a la actual presidenta Fujimori de una de las investigaciones emblemáticas de los últimos 15 años, y consideró que favorecerá a otros políticos investigados por presunto financiamiento irregular de campañas. En la misma línea, el constitucionalista Franco García Lazo explicó que el principio de legalidad impide sancionar penalmente conductas que no estaban tipificadas como delito al momento de producirse, aunque advirtió que ello no impide que los hechos puedan ser investigados bajo otros tipos penales cuando corresponda.
Pese a recuperar su libertad, Humala aún enfrenta otros procesos judiciales vinculados a proyectos como el Gasoducto del Sur y Olmos. Además, la situación de su esposa, Nadine Heredia, permanece pendiente. Asilada en Brasil desde hace quince meses, Heredia no se beneficia automáticamente con la sentencia del TC. Según explicó Pedraza, deberá presentar un hábeas corpus propio o esperar que los jueces del nuevo proceso decidan extender los efectos del fallo constitucional, mientras que García Lazo advirtió que, si regresara al Perú sin una resolución favorable, podría ser detenida.
La resolución del Tribunal Constitucional no solo puso fin a la condena que mantenía a Ollanta Humala en prisión, sino que también podría tener efectos sobre otros procesos relacionados con presuntos aportes a campañas electorales ocurridos antes de las modificaciones legales introducidas desde 2016. De acuerdo con especialistas consultados en el reportaje, el criterio fijado por el TC podría convertirse en un precedente para casos similares que aún permanecen en trámite ante el sistema de justicia.