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La congresista Magaly Ruiz, de Alianza para el Progreso, enfrenta varias denuncias por presuntas irregularidades en su gestión. Una de las acusaciones más graves es el recorte de sueldos a trabajadores de su despacho, una práctica conocida como «mochasueldo». Según la investigación fiscal, estos recortes se habrían realizado para crear una “caja chica”, con el objetivo de cubrir gastos personales de la congresista, incluyendo transporte.

La denuncia inicial fue realizada por Carlos Marina, un extrabajador de la Comisión de Infancia que afirmó que se le descontaban 1,500 soles mensuales de su sueldo. Posteriormente, se reveló que no era el único afectado, y varios empleados más habrían sido víctimas de esta práctica. Los montos recaudados presuntamente eran utilizados para pagar gastos de la congresista, como el combustible para su vehículo, según registros presentados ante la Fiscalía.

Uno de los personajes clave en esta trama es William Paz, un policía asignado a la seguridad de Magaly Ruiz. Paz, según testimonios y registros en poder de la Fiscalía, recibía dinero de esta «caja chica» como reintegro por gastos de transporte. Sin embargo, en sus declaraciones, Paz niega conocer el origen del dinero y su relación con los recortes salariales a los trabajadores del despacho congresal.

Además, otro testigo protegido declaró que el agente William Paz no solo era responsable de la seguridad de la congresista, sino que también prestaba su vehículo personal para trasladarla. Este hecho está documentado en los registros de gastos de la caja chica, que incluyen varios pagos por combustible y otros conceptos relacionados con el transporte de Ruiz.

A pesar de las denuncias en su contra, Magaly Ruiz ha sido protegida en diversas instancias del Congreso. Las acusaciones constitucionales en su contra siguen sin ser debatidas, y la congresista continúa con sus funciones, sin que se haya tomado ninguna medida en su contra hasta el momento.

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