Luego del reportaje emitido por Punto Final, en el cual se puede ver a la congresista llegar a las oficinas de la APCI, la parlamentaria estaría usando recursos del estado para gestionar asuntos personales durante su horario laboral. Ahora, la Procuraduría General del Estado inició las diligencias contra la congresista por el presunto delito de peculado doloso.
Así lo señaló a través de su cuenta de Twitter, donde señalan el inicio de las diligencias preliminares contra la legisladora María Cordero Jon Tay por la presunta comisión del delito de peculado doloso. En la misma publicación se señala que las investigaciones contra la parlamentaria se inician luego del reportaje emitido en el dominical de Latina, Punto Final.
«La denuncia se presenta tras hacerse público que la parlamentaria habría utilizado a un trabajador de su despacho congresal para realizar gestiones privadas ante la Asociación Peruana de Cooperación Internacional (APCI).»
La congresista María Cordero Jon Tay se encuentra, nuevamente, en medio de una controversia después de un incidente registrado por cámaras de seguridad en una entidad estatal de Miraflores, el pasado 15 de agosto. Acompañada por un hombre, su empleado, la parlamentaria visitó las oficinas de la Asociación Peruana de Cooperación Internacional (APCI), lo que ha suscitado preguntas sobre sus acciones y su relación con una ONG vinculada a su familia.
Este episodio se suma a las investigaciones en curso relacionadas con la denuncia de «mochar sueldos» a trabajadores de su despacho parlamentario. Por lo que, su caso revela el uso indebido de recursos públicos en actividades privadas.
De acuerdo al abogado penalista Luis Vivanco, cuando un funcionario público, como un congresista, utiliza recursos del Estado que se le han encomendado en calidad de administración, y lo hace en beneficio propio o de terceros, podría estar cometiendo el delito de peculado. El peculado implica el uso indebido de fondos o recursos públicos y es una infracción penal grave en muchos sistemas legales.
La congresista, al emplear a su subordinado, quien recibe una remuneración estatal, para llevar a cabo actividades no relacionadas con su función oficial, podría haber incurrido en una conducta irregular. Este delito puede conllevar sanciones legales significativas, incluyendo la pérdida de su cargo y acciones legales en su contra.
La congresista María Cordero Jon Tay se presentó en las oficinas de la APCI con una mascarilla que cubría gran parte de su rostro. Además, el hombre que la acompañaba en su visita era Ronald Castillo Rojas, un técnico de su despacho parlamentario. Los registros de la agencia señalan a la parlamentaria como representante legal de su ONG ‘Amistad Perú latinoamericana’, mientras que otros familiares ocupan cargos directivos en la misma. Sin embargo, la defensa legal de Cordero asegura que su representada dejó de ser presidenta de esta ONG en el año 2020.
El uso de recursos del Estado en actividades no relacionadas con sus deberes oficiales y el registro de su empleado en una ONG vinculada a su familia podrían requerir una respuesta y explicación ante las autoridades pertinentes.
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