Martín Vizcarra denunció a quienes habrían filtrado imágenes de su celda en Barbadillo
10.02.2026 / 13:42 core@latina.pe
El expresidente Martín Vizcarra presentó una denuncia penal contra Henry García Malpartida, director de la Dirección de Seguridad Penitenciaria del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación a la intimidad en su forma agravada. La acción legal se sustenta en la toma de fotografías al interior de la celda que ocupa Vizcarra y en la posterior filtración de estas imágenes a diversos medios de comunicación.
“El denunciado y los que resulten responsables deben ser procesados por filtrar fotos personales que expresamente el expresidente Vizcarra cuestionó en el desarrollo de la requisa”, señala la defensa, que además sostiene que la difusión de las imágenes tuvo como finalidad exponer mediáticamente al exjefe de Estado y generar un impacto político y social adverso. En ese sentido, se ha solicitado que el Ministerio Público investigue no solo a García Malpartida, sino también a quienes habrían participado en la cadena de difusión de las fotografías.
DEFENSA DE HUMALA REACCIONA
El caso ha generado reacciones en el ámbito político y legal. La defensa del expresidente Ollanta Humala se pronunció sobre lo ocurrido y cuestionó duramente la filtración de las imágenes. Wilfredo Pedraza, abogado del exmandatario, calificó los hechos como una “indignante y tendenciosa filtración” atribuida al viceministerio de Justicia hacia un medio local. Sus declaraciones se dan en un contexto marcado por escándalos e investigaciones periodísticas que involucran al presidente encargado, José Jerí.
Pedraza sostuvo que se solicitarán explicaciones formales a las autoridades correspondientes, aunque consideró evidente que existe una intención política detrás de la difusión. “Pediremos las explicaciones, aunque es claro que burdamente quieren distraer la atención pública”, afirmó. Para el abogado, este tipo de prácticas no solo afectan a los internos involucrados, sino que debilitan la institucionalidad y la confianza en el sistema penitenciario.
Hasta el momento, el INPE no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la denuncia ni sobre las responsabilidades administrativas o penales que podrían derivarse del caso. Entretanto, las autoridades deberán evaluar los elementos presentados para determinar si corresponde iniciar una investigación formal.