El pasado jueves 12 de septiembre, el ministro de Educación, Morgan Quero, abandonaba las instalaciones de la Primera Fiscalía Corporativa Penal en el jirón Tarma, en el centro de Lima, alrededor de las 10:30 a.m. ¿La razón? Quero había asistido a rendir su declaración en una investigación por la presunta comisión del delito de extorsión contra el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.
Quero no es el único investigado en este caso. Según una disposición de la fiscalía del 18 de julio, se iniciaron diligencias preliminares contra el ministro y otros personajes importantes, como el expresidente Martín Vizcarra, el exdirector de Cofopri, César Figueredo, Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, y Yaziré Pinedo, la figura clave que destapó el escándalo que llevó a la salida de Otárola del gobierno en marzo de este año.
En marzo de 2024, Alberto Otárola dejó su cargo en medio de un escándalo que involucraba su vida privada y su rol político. Se le acusó de haber beneficiado a Yaziré Pinedo, con quien tuvo una relación sentimental, con dos órdenes de servicio por un total de 53 mil soles mientras ejercía como ministro de Defensa. A pesar de sus intentos por minimizar los hechos, la divulgación de un audio en el que Otárola pedía el currículo de Pinedo resultó en su destitución.
En este audio, Otárola le solicitaba a Pinedo su currículum, dando a entender que buscaba colocarla en una posición estatal. Aunque Pinedo intentó defender a Otárola en los medios, afirmando que el audio había sido grabado en 2021 y estaba relacionado con una entidad privada, el daño ya estaba hecho. La difusión de este material fue suficiente para que el entonces ministro saliera del gobierno.
La fiscalía abrió investigaciones preliminares en julio basadas en el testimonio de un colaborador eficaz identificado como el número 15-2024. Este colaborador asegura que Martín Vizcarra, César Figueredo, Nicanor Boluarte y Morgan Quero habrían estado involucrados en una estrategia para forzar la salida de Otárola del gobierno.
Según el testimonio del colaborador, en diciembre de 2022, César Figueredo contactó a Yaziré Pinedo, quien había trabajado con él en Cofopri. Durante la conversación, Figueredo le propuso a Pinedo que intentara persuadir a Otárola para que intercediera en su favor y lo ayudara a obtener el cargo de superintendente de la SUNARP, a cambio de un empleo fijo para Pinedo. Otárola habría rechazado la propuesta.
El colaborador también afirma que, tras la negativa de Otárola, Figueredo pidió a Pinedo cualquier material que pudiera implicar al exministro en una relación comprometedora. Pinedo le entregó un video grabado en enero de 2021, en el que Otárola le pedía su currículum. Este video fue utilizado para presionar a Otárola y obligarlo a acceder a las demandas de Figueredo.
El colaborador asegura que Martín Vizcarra también participó en las reuniones con Pinedo y Figueredo. Durante una de estas reuniones, celebrada en febrero de 2023, Vizcarra y Figueredo planearon cómo utilizar el video para chantajear a Otárola. Incluso se habrían hecho seguimientos a Otárola fuera de su domicilio para intimidarlo.
La trama tomó un giro más oscuro cuando el colaborador mencionó que Nicanor Boluarte y Morgan Quero serían quienes presentarían las pruebas comprometedoras a la presidenta Dina Boluarte para forzar la salida de Otárola. De acuerdo con el plan, una vez Otárola estuviera fuera, Boluarte recomendaría a Figueredo para un alto puesto en la SUNARP, cumpliendo así con el objetivo de Vizcarra.
Tanto el abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, como Alejandro Salas, abogado de César Figueredo y vocero de Martín Vizcarra, han rechazado categóricamente estas acusaciones. Según Salas, la versión del colaborador eficaz es «una historia mal contada» que busca manchar la reputación de su cliente.
En una reunión posterior, el colaborador asegura que Figueredo habría ofrecido a Pinedo hasta 200 mil dólares por permitir la difusión del video que comprometía a Otárola. A pesar de las tentadoras ofertas, Pinedo se negó a participar, temiendo por su seguridad y la de su pareja.
El colaborador relata que la última vez que Figueredo contactó a Pinedo fue en febrero de este año. Durante esa conversación, Figueredo le informó que había perdido su teléfono, donde guardaba las grabaciones del audio comprometedor de Otárola.
Hoy en día, Alberto Otárola continúa afirmando que su salida del gobierno fue producto de una conspiración en su contra, orquestada por figuras políticas poderosas. En una breve comunicación telefónica, Otárola señaló: “Poco a poco se está conociendo la verdad”.
Este lunes se espera la declaración de Nicanor Boluarte ante la fiscalía. Las investigaciones deben esclarecer si estamos ante un caso de extorsión o un complot político mayor. ¿Por qué le interesaba a Vizcarra, según el colaborador eficaz, tomar control de la SUNARP? Estas son preguntas que deben ser respondidas conforme avancen las diligencias.
Mientras tanto, el ministro Quero se mantiene en silencio respecto a las acusaciones en su contra. Las defensas de todos los involucrados han señalado que asistirán a todas las citaciones y colaborarán con la justicia para esclarecer los hechos. El país, por su parte, espera respuestas claras y justicia en este controvertido caso.
El futuro de esta investigación depende de las pruebas que la fiscalía pueda reunir en las próximas semanas. ¿Estamos ante una trama de extorsión o una maniobra política sofisticada para eliminar a un adversario? El tiempo y la justicia lo dirán.
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