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La Procuraduría General del Estado (PGE) ha solicitado al Ministerio Público que reabra la investigación contra el expresidente Martín Vizcarra por presuntas irregularidades en la adquisición de pruebas rápidas para la COVID-19. Este pedido surge luego de que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, anunciara el archivo del caso argumentando la falta de indicios suficientes para proceder con la denuncia constitucional.

En un comunicado emitido en redes sociales, la PGE detalló que se basa en nueve elementos de convicción para solicitar el reexamen del caso. Según la Procuraduría, estos nuevos elementos justifican la reapertura de la investigación por los presuntos delitos de colusión y, alternativamente, de negociación incompatible.

La decisión de archivar el caso, tomada por Villena, se había fundamentado en que el Instituto Nacional de Salud (INS) recomendó la compra de las pruebas rápidas, lo que, según Villena, descartaba la existencia de un acuerdo ilícito entre funcionarios y empresas. Villena señaló en RPP que, tras realizar diversas diligencias y recabar declaraciones de varios ministros involucrados, no se hallaron pruebas suficientes de colusión.

A pesar de la decisión del Ministerio Público, el caso sigue generando controversia. En febrero de 2023, el Congreso había aprobado un informe que recomendaba acusar constitucionalmente a Vizcarra y a las exministras María Antonieta Alva, Elizabeth Hinostroza y Elizabeth Astete, acusándolos de interferir con las políticas de salud que priorizaban las pruebas moleculares en favor de las pruebas rápidas.

Por su parte, el expresidente Martín Vizcarra, a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), celebró la decisión de archivar el caso afirmando que siempre actuó con transparencia y dentro del marco legal. Vizcarra destacó su colaboración con las investigaciones fiscales y subrayó que la decisión representa una reivindicación de su honor y confirmación de su inocencia.

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