Shinno responde a transferencia de S/ 6,6 millones para cierre de mina a la que estuvo vinculado: “Es un mandato de la ley”

Ante los cuestionamiento el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, aprovechó su presencia en el Congreso bicameral para responder por la transferencia de S/ 6,6 millones de recursos públicos para financiar estudios destinados a modificar el plan de cierre de la unidad minera Florencia-Tucari, propiedad de Aruntani S.A.C., la cuál lleva su firma habiendo tenido un vínculo laboral con la empresa. 

La respuesta de Shinno a Punto Final se da luego que este programa revelara en exclusiva el caso: “Este es un mandato de la ley, no es una discrecionalidad mía. Esto es algo que viene desde el Gobierno anterior. El Gobierno Regional de Moquegua solicitaba que se remedien las aguas y se les dé una solución”.

En este sentido, indicó que la decisión de las autoridades fue que la remediación y cierre de las unidades se haga a través del Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

“No había presupuesto hasta que el 19 de julio el Congreso pasado aprobó una ley de crédito suplementario que en sus disposición complementaria dice que el Minem transferirá recursos al ANIN y que será vía resolución ministerial del titular del pliego que soy yo. Es un mandato de la ley, lo único que hice es cumplir con la ley, sino estaría omitiendo mis obligaciones”, agregó.

LA DENUNCIA CONTRA GUILLERMO SHINNO

La transferencia de S/ 6,6 millones de recursos públicos para financiar estudios destinados a modificar el plan de cierre de la unidad minera Florencia-Tucari, propiedad de Aruntani S.A.C., ha generado cuestionamientos. La medida cuenta con la firma del actual ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, nombrado el 28 de julio de este año, quien se desempeñó como gerente general de dicha empresa entre 2019 y 2022, estuvo vinculado al grupo Apucorp y en mayo de 2025 defendió la posición de la compañía ante el Tribunal Constitucional. Frente a críticas por un posible conflicto de intereses, la viceministra de Minas, Mayra Figueroa, sostuvo que la transferencia responde a una autorización de la ley de presupuesto para una etapa inicial y que no hay un monto definitivo sobre lo que la empresa deberá reconocer al Estado.

La unidad minera Florencia-Tucari inició la explotación de oro el 4 de marzo de 2005 en el distrito de Carumas, provincia de Mariscal Nieto, en Moquegua. Un informe de causalidad elaborado por el OEFA en 2021 determinó un nexo causal directo entre sus actividades y la afectación del río Coralaque, además de daños en las quebradas Margaritani, Apostoloni, Tucarirani y Titire. Esta situación ha perjudicado la productividad agrícola y ganadera en distritos como Carumas, Chojata, San Cristóbal, Quinistaquillas, Omate y Pachas, donde pobladores reportan haber pasado de utilizar 300 hectáreas a solo 15 para subsistir.

Ante estos incumplimientos ambientales, el OEFA impuso a la empresa Aruntani multas que superan los S/ 128 millones. Asimismo, en el año 2019, el Ministerio de Energía y Minas declaró el incumplimiento del plan de cierre de la unidad minera y ejecutó garantías por más de US$ 8 millones, un monto que cubría la clausura pero no el cierre progresivo, cuyo costo total estimado asciende a US$ 17,5 millones.

Por su parte, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) presentó un proyecto de remediación para la unidad minera con una inversión estimada de S/ 1.114 millones, cifra que reavivó los cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos para atender daños atribuidos a la actividad privada. Pese a las críticas de especialistas, la viceministra Figueroa defendió la transferencia efectuada y afirmó que el Estado posee los mecanismos requeridos para responder a este tipo de problemas ambientales y sociales.

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