El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del magistrado Juan Carlos Checkley, ordenó el levantamiento del secreto bancario de la congresista Rosío Torres (Alianza para el Progreso) en el marco de la investigación fiscal que se le sigue por el delito de concusión por recortar los salarios a sus asesores de su despacho y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Según la resolución judicial, al que Latina Noticias accedió, sin embargo, se menciona el verdadero monto de dinero que la legisladora del partido de César Acuña, actual gobernador regional de La Libertad, habría recibido de sus trabajadores a través de su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra. En realidad, la Fiscalía calcula que Torres se hizo de 90 mil soles.
Así se menciona que Cecilia Salazar Mattos, quien asesoró a Torres, empezó a realizar los depósitos en diciembre del 2021 y culminó en julio del 2022. A lo largo de esos meses que puso de su sueldo cerca de S/ 24 562.
Por su parte, Abigail García Díaz, que era auxiliar en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, hizo una transferencia por S/ 2000 al sobrino de Rosío Torres Salinas. En tanto, César Macedo Von Bancels y Estefanía Calvo Zuñiga hicieron transferencias por S/ 3 600 y S/ 5 000 entre diciembre del 2021 y noviembre del 2022, respectivamente.
En el fallo del juez Checkley se anota que Jesús Sierra Tapia, Romero Vela Flores y Nathali Rubio Yllatopa transfirieron montos de S/ 4 400, S/ 6 000 Y S/ 17 000.
De otro lado, Moisés Panduro, que también laboró en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, habría dado montos inferiores a S/ 300.
Igualmente, Miriam Tito Álvarez y Hans Rodríguez transfirieron montos entre S/ 600 a S/ 700 que finalmente llegaron a la congresista de Alianza para el Progreso.
A pesar de estos montos que las citadas personas confirmaron, la legisladora Rosío Torres buscó por todos los medios que no se le levante el secreto bancario.
«Se declare infundado el requerimiento de levantamiento del secreto bancario, toda que no existen suficientes elementos de convicción para otorgarla; precisó que durante el desarrollo de la investigación preliminar existieron diferentes versiones de los testigos y ninguno de ellos mencionó que su patrocinada indujo a sus trabajadores a realizar pagos a su persona provenientes de sus sueldos», se lee en el documento judicial.
Además, la integrante de Alianza para el Progreso mencionó «que existen declaraciones de testigos que mencionan no saber nada respecto a pedidos de dinero y otros que dicen que dichos montos eran préstamo de dinero» para su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra, quien también es investigado por el delito de concusión en la Fiscalía.
Cabe mencionar que Punto Final reveló el caso del recorte de sueldos de Rosío Torres, quien lejos de querer responder a este cuestionamiento, trató de borrar pruebas que la involucren como aquella vez que fue captada cuando eliminó un chat con su sobrino.
Incluso, la legisladora de APP presentó una denuncia penal contra Juan Daniel Pérez Guerra al tratar de que él sea el único responsable de los recortes de los salarios de sus trabajadores de su despacho y cuando lideraba la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en el periodo 2021-2022.
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