NICANOR BOLUARTE
El último viernes 10 de mayo, Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, fue detenido por el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop) y agentes fiscales por presuntamente encabezar la red criminal ‘Los waykis en la sombra’. Punto Final trae la historia detrás de cómo se gestó y cayó esta supuesta red delictiva, así como las fotos, los vouchers y las designaciones que apuntan a Nicanor Boluarte como el articulador de un poder paralelo que se instauró en Palacio de Gobierno.
Viernes 10 de mayo. Son poco más de las 6:20 de la mañana y un equipo de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) se movilizó hacia los exteriores del domicilio de Nicanor Boluarte Zegarra, el hermano de la presidenta Dina Boluarte, como parte del operativo Valkiria Jericó. Era la fase decisiva de una investigación fiscal contra el hermano de la presidenta que se abrió este año y que se mantuvo por varias semanas bajo estricta reserva.
Punto Final fue el único medio presente en el lugar de los hechos, por ello, se acompañó a los miembros de la Diviac cuando subieron al segundo piso del domicilio del hermano de la presidenta en San Borja. Los vecinos, y sobre todo Nicanor Boluarte, fueron sorprendidos por la diligencia. En ese momento, el hermano de la presidenta fue notificado de la orden de detención preliminar que había emitido el juez Richard Concepción Carhuancho solo dos horas antes.
Y los cargos, nada más y nada menos, que tráfico de influencias y presunto líder de una organización criminal denominada ‘Los waykis en la sombra’, cuyo origen tendría como fecha el inicio del gobierno de su hermana menor. Es decir, el 7 de diciembre del 2022.
De acuerdo con la investigación del Eficcop contra el hermano mayor de la presidenta, este se basó en el «poder de facto» que obtuvo una vez que la mandataria llegó al poder para desplegar su presunto plan criminal que impulsó, entre otras cosas, la designación de prefectos y subprefectos provinciales y distritales en las regiones de Cajamarca y San Martín, a cambio de dinero y de apoyo al partido político que estaba formando: Ciudadanos por el Perú.
Además, la Fiscalía y la PNP también indagan sobre su intento de colocar en la Dirección de Provias Descentralizado a una persona de su entera confianza para así tener control en esa entidad que mueve un millonario presupuesto en obras públicas y licitaciones.
La orden de detención no fue solo para Nicanor Boluarte, sino también para otras siete personas que conforman su mayor círculo de confianza. Pero ese mañana, solo seis fueron los arrestados.
Entre ellos, Víctor Hugo Torres Merino, un amigo no solo de Nicanor Boluarte, sino también de la presidenta de la República que la acompaña desde su temporada en el Club Apurímac.
Zenovia Griselda Herrera Vásquez, colocada como jefa de Qali Warma en San Martín cuando Dina Boluarte era ministra de Desarrollo e Inclusión Social y representante de Nicanor Boluarte en la región San Martín.
Y el abogado Mateo Castañeda Segovia, defensor no solo de la presidenta por el caso Rolex, sino también intermediario extraoficial de Nicanor Boluarte en la Fiscalía.
La noche del sábado 11 de mayo se presentó en las instalaciones de la Diviac Jorge Luis Ortiz Marreros, quien hasta el día que comenzó el Operativo Valkiria Jericó era el director general de la Dirección General de Gobierno Interior, a cargo, precisamente, de la designación de prefectos y subprefectos en el país.
El único que falta que se ponga a derecho es Jorge Chingay Salazar, exprefecto regional de Cajamarca y presunto operador de Nicanor Boluarte Zegarra.
De acuerdo con la investigación ‘Los waykis en la sombra’, el organigrama es de la siguiente manera:
Boluarte como presunto líder de la organización delictiva, estructurada de tal manera que contaba con mandos principales como Víctor Hugo Torres Merino, Jorge Chingay Salazar, Martín Carbajal Zegarra y Edwin Ugarte Nina. Y mandos medios, como sus representantes en Cajamarca y San Martín, Noriegl Chingay y Zenovia Herrera, respectivamente.
Según la investigación del Eficcop, la presunta organización delictiva está conformada por 22 personas.
El presunto plan criminal empezó a materializarse con la designación de Jorge Luis Ortiz Marreros el pasado 28 de diciembre del 2022 en la Dirección General de Gobierno Interior, quien era considerado “el hombre clave” para materializar las designaciones.
Una de las más estratégicas fue la designación de Armando Villalobos Leyva como prefecto regional de San Martín, como muestra esta resolución suprema del 12 de enero del 2023, firmada por la presidenta Dina Boluarte y el ministro del Interior de entonces, Víctor Rojas.
De acuerdo con la investigación, la persona que estuvo detrás de esta designación fue Zenovia Herrera Vásquez, quien era la representante de Nicanor Boluarte en esa región y coordinadora regional de su partido político. Su estrecha relación que tenía con el hermano de la presidenta se vio expuesta en conversaciones de WhatsApp.
Sin embargo, las investigaciones del Eficcop detallan que Zenovia Herrera tenía una función adicional. Esta consistía en utilizar a los prefectos y subprefectos en la recolección de firmas para la inscripción del partido Ciudadanos por el Perú.
Los vouchers y lista de subprefectos que forman parte del expediente del caso exponen los presuntos cobros por sus designaciones que se traducían en pagos mensuales de entre S/ 150 a S/ 200 mensuales.
Un mecanismo parecido ocurría en la región Cajamarca por intermedio del hoy también detenido Noriel Chingay Salazar, amigo de Nicanor Boluarte y designado prefecto regional por la presidenta de la República el pasado 7 de febrero del 2023.
Una vez en el cargo, Chingay reclutó a Gilmer Flores Fernández como Subprefecto Provincial de Cajamarca.
Un comprobante de depósito de S/ 2 mil tiene como beneficiario a Gilmer Flores Fernández, que recibe de parte de Ulises Mostacero León, quien habría recibido esa plata, de acuerdo con la Fiscalía, de Nilton Díaz Jave para que sea propuesto como subprefecto en la localidad de Catan.
Otros pagos, según la investigación, iban entre los S/ 3 mil y S/ 5 mil.
De acuerdo con las investigaciones del Eficcop, Noriel Chingay también se encargaba de la recolección de firmas para el partido. O, mejor dicho, entregaba a cada prefecto cien planillones para que recolectaran firmas para el partido de su amigo.
El método también se habría repetido en Ucayali y Loreto. Sin embargo, ahí no termina el caso.
En el marco de las investigaciones por el caso ‘Los Intocables de la Corrupción’, Juan Enciso Torres, hoy colaborador eficaz, realizó la devolución de S/ 245 mil en sobornos al Equipo Especial, monto que reconoció haber recibido para favorecer a una determinada empresa en Provias Descentralizado. A él, Nicanor Boluarte quería colocar como director de Provias Descentralizado.
Según cuenta el testigo protegido, el hoy detenido Víctor Hugo Torres Merino, valiéndose de su parentesco familiar con Juan Enciso Torres, le recomendó a Nicanor Boluarte su nombre para que asuma ese importante cargo. Torres Merino le dijo que estaban buscando «gente de confianza» para esa entidad. El interés llegó al punto que el año pasado se reunieron los dos con Nicanor Boluarte en su casa de San Borja.
Dina Boluarte ha optado hoy por silencio para deslindar de los cargos contra su hermano, como si se tratase de un tema menor, pero sería ingenuo creer que la injerencia del presunto líder de ‘Los waykis en la sombra’ en el Gobierno se circunscribe solo en el tema de la designación de prefectos y subprefectos.
Luego que en un reportaje emitido en el programa ‘Punto Final’ se denunciara que las…
El Gobierno peruano ha declarado el lunes 25 de noviembre como día no laborable en…
El contralor general de la República, César Aguilar, señaló que la entidad fiscalizadora se encuentra…
Luego de las denuncias difundidas en Punto Final sobre el mal estado de los alimentos…
El colegio San Luis Gonzaga, ubicado en la urbanización San Felipe, en Piura, ha sido…
Este viernes 22 de noviembre del 2024, las constelaciones abren un camino lleno de posibilidades…