Otorgan 5 días para el informe final de denuncia contra Martín Vizcarra, quien guardó silencio ante la Subcomisión

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones Soriano de Alianza para el Progreso, otorgó un plazo de cinco días hábiles para que el delegado, el congresista Jorge Montoya Manrique de Honor y Democracia, entregue el informe final sobre la Denuncia Constitucional N.º 499, presentada contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo.

Este pronunciamiento se dio en cumplimiento del artículo 89 del Reglamento del Congreso, que establece los plazos y procedimientos en casos de acusaciones constitucionales, y se produjo tras la culminación de la audiencia relacionada con la denuncia interpuesta por el exfiscal de la Nación (i), Juan Carlos Villena Campana. Villena acusa a Vizcarra Cornejo de posibles delitos de falsedad genérica y omisión de consignar declaraciones de hechos relevantes en su ejercicio público.

Durante la audiencia, el exmandatario asistió acompañado de sus abogados, Alejandro Salas Zegarra y Mariana Justo Linares, mientras que la parte acusadora fue representada por el fiscal adjunto supremo, Hernán Wilfredo Mendoza Salvador, quien acudió en nombre del Ministerio Público.

En su defensa, Vizcarra Cornejo reafirmó que su constructora, CyM Vizcarra, nunca tuvo vínculos con la empresa brasileña Odebrecht. Aseguró que la empresa con la que trabajó fue Conirsa, la cual, según su declaración, tiene una razón social propia. Asimismo, el exmandatario insistió en que, durante su ejercicio público, se apartó progresivamente de la administración de su empresa, hasta llegar a renunciar a su accionariado en el año 2018.

Por su parte, el fiscal Mendoza Salvador presentó su argumentación señalando que, aunque Vizcarra Cornejo no tuvo relación directa con Odebrecht, la empresa Conirsa, con la que sí trabajó, fue contratada por la misma constructora brasileña en el contexto del proyecto de la Interoceánica Sur. Además, apuntó que Vizcarra omitió información clave, como su cargo en CyM Vizcarra hasta junio de 2018, lo que consideró una falta de transparencia.

A lo largo de la sesión, se abordaron diversos aspectos del caso, siendo uno de los puntos más relevantes el rechazo por parte de Camones Soriano a la solicitud de Vizcarra Cornejo para renunciar a su prerrogativa de antejuicio político. El expresidente había propuesto esta medida con el objetivo de “ahorrar tiempo y esfuerzo”, sugiriendo que el caso debía ser resuelto directamente por el Ministerio Público.

La presidenta de la subcomisión explicó que, de acuerdo con la normativa vigente y tras una revisión del Código Procesal Penal, solo el Pleno del Congreso puede emitir una resolución legislativa que disponga el levantamiento del antejuicio político. En consecuencia, insistió en que el procedimiento parlamentario debe seguir su curso, ya que, de no ser así, el Ministerio Público no tendría la base legal para continuar con el procesamiento penal.

“Valoramos la propuesta del expresidente de ahorrarnos el trabajo, pero estamos aquí justamente para cumplir con nuestras funciones”, señaló Camones Soriano, dejando claro que no existe la figura jurídica de “renuncia al antejuicio” y que el proceso parlamentario debe seguir su curso sin interrupciones.

Este caso sigue generando controversia y mantendrá su atención en los próximos días, especialmente con la presentación del informe final, que podría marcar el rumbo del proceso político y judicial de Vizcarra Cornejo.

 

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