Política

Patricia Chirinos presenta denuncia constitucional al Fiscal de la Nación por archivar investigación contra Vizcarra

La congresista Patricia Chirinos ha presentado una denuncia constitucional contra el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. Esto ocurre después de que el pasado 3 de junio se confirmara que se archivó la investigación contra el expresidente Martín Vizcarra y sus exministros por la presunta adquisición irregular de pruebas rápidas para detectar la COVID-19 durante el 2020.

En su documento, la congresista enfatizó que esta acción del Ministerio Público ha puesto en riesgo la vida e integridad. «El expresidente Martín Vizcarra aseguró que las pruebas rápidas eran una opción segura, pese a que no contaban con sustento científico-técnico», se lee en la denuncia.

La denuncia constitucional presentada por Chirinos acusa al Fiscal de la Nación de varios delitos, incluyendo abuso de autoridad, prevaricato, patrocinio ilegal, demora de actos funcionales e infracción constitucional. En este contexto, la congresista ha solicitado la inhabilitación de Juan Carlos Villena para la función pública por un periodo de diez años.

Por otro lado, en sus argumentos, la congresista señala que el archivamiento de la investigación contra Vizcarra y sus exministros no solo es una falta de responsabilidad, sino también una violación directa a las funciones y competencias del fiscal de la Nación. La congresista sostiene que Villena, al no proceder con la investigación, ha ignorado informes de la Contraloría y del Congreso que indicaban posibles delitos contra la salud pública.

¿POR QUÉ ARCHIVARON EL CASO?

El Fiscal de la Nación, Villena, explicó que, después de realizar varias diligencias y recabar declaraciones, no se encontraron pruebas suficientes para demostrar un acuerdo ilícito entre los funcionarios públicos y las empresas proveedoras de las pruebas rápidas.

Villena indicó que fue el Instituto Nacional de Salud (INS) el que recomendó la compra de las pruebas, y que no se hallaron indicios de colusión. «Lo que se tiene que buscar en un delito de colusión es que haya indicios de un acuerdo subrepticio entre el funcionario público y las empresas, y no se han hallado indicios suficientes de que haya habido esto», afirmó Villena.

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Redacción Latina

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