Por Rodrigo Chillitupa | @RodrigoCT_94
El abogado Pedro Cartolin Pastor fue elegido esta mañana por la subcomisión del Congreso para pasar a la siguiente etapa del proceso que busca nombrar a un nuevo Contralor General de la República que reemplazará a Nelson Shack, cuya gestión terminará en junio próximo. Entre las personas que le dieron su respaldo se encontró la legisladora María Acuña de Alianza para el Progreso (APP).
Sin embargo, un detalle llama la atención del respaldo de la integrante de APP si no fuera porque Cartolin Pastor resolvió a favor de una demanda de amparo presentada por su hermano, el actual gobernador regional de La Libertad, César Acuña, para anular la sentencia decretada por el Juzgado de Familia de Lima que fijó en 90 mil soles la pensión alimenticia a favor de su último hijo. Y la restableció al monto de 30 mil soles.
Latina Noticias accedió al documento en el que se menciona que Cartolin, en su calidad de miembro de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Lima, fue el ponente de la causa de Acuña Peralta. Allí es que recomendó que se revoque la sentencia emitida por la Segunda Sala Especializada Civil de Trujillo que declaró infundado el recurso de apelación del líder de APP.
«En consecuencia, habiendo establecido que los argumentos expresados en los agravios del recurso de apelación referidos a las falencias en la motivación tienen sustento, se verifica que la apelada no ha sido emitida conforme a derecho y de acuerdo a los antecedentes, consideraciones por las que la venida en grado debe revocarse y declararse fundada; en consecuencia corresponde declarar la nulidad de la sentencia signada con resolución número seis, de fecha diez de julio del año dos mil veintitrés, Expediente N° 02974-2023-0-1801-JR-FC-17, debiendo el juez de la causa expedir nueva sentencia con arreglo a ley», se lee en el fallo.
Además, el tribunal supremo ordenó que se emita un nuevo pronunciamiento porque el juez de Familia de Lima “no terminó de construir válidamente el razonamiento” para aumentar la pensión de 30 mil a 90 mil soles para Acuña, y tampoco argumentó por qué la demandante Jenny Gutiérrez debía estar eximida de aportar económicamente.
“Si bien el juzgador (Juez de Familia de Lima) hace mención al monto de ingresos que contiene el impuesto a la renta del amparista (Acuña), entre otros ingresos, no queda claro el monto que el alimentista (hijo) requiere para su sustento, en tanto, que durante el proceso se han establecido diversos marcos económicos que pueden servir de referente. Sin embargo, no han sido utilizados por el juez; por lo que, es evidente que la sentencia del Juez Especializado no contiene justificación con la cuantificación del incremento de la pensión de alimentos, en relación con las necesidades del alimentista, solo afirma que se incrementa a 90 mil soles, sin establecer justificadamente cómo llega a dicho monto”, se agrega en la resolución.
En esa línea, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Lima llegó a la conclusión que se vulneró el derecho constitucional de Acuña a la debida motivación de las resoluciones judiciales, por lo que se ordenó la nulidad de la sentencia que se registró en su contra.
«En este orden de juicios, yerra la Sala al considerar que la demanda deviene en infundada, en tanto, que el contenido constitucionalmente protegido del derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales, prevista en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política, fue vulnerado», sentencia.
Según su hoja de vida, Cartolin registra investigaciones fiscales. Una de ellas es una resolución emitida, que data del 20 de noviembre del 2017, en la que aparece en calidad de imputado por la comisión del presunto delito de usurpación de la función pública o de la autoridad militar y policial por resistencia a la autoridad.
Luego, el candidato a contralor general de la República aparece en otros dos casos más en calidad de imputado por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, pero los mismos aparecen como archivados de manera definitiva.
Hay otro expediente de Pedro Cartolin por el presunto delito de encubrimiento personal y omisión de denuncia que está archivado, pero pendiente de calificación si es preliminar o definitivo.
Finalmente, otros tres expedientes fiscales que mencionan a Cartolin en calidad de agraviado, pero que ya tienen la condición de archivado de manera definitiva y preliminar.
Según información que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) alcanzó al Congreso, Cartolin registró papeletas por haber cometido diferentes faltas de tránsito. La primera sucedió el 10 de octubre del 2004 cuando lo sancionaron con un D01 por conducir con exceso de velocidad. El 25 de marzo del 2007 le colocaron la misma infracción.
Luego, la tercera sucedió el 17 de febrero del 2010 cuando a Cartolin le impusieron la sanción G47 que significa «estacionar en lugar que afecte la operatividad del servicio de transporte público de pasajeros o carga o que afecte la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito o impida observar la señalización».
La cuarta y última papeleta del candidato a asumir la Contraloría se dieron el 25 de enero y 6 de abril del 2016 cuando le aplicaron G57 (no respetar las señales que rigen el tránsito, cuyo incumplimiento no se encuentre tipificado en otra infracción) y L01 (dejar mal estacionado el vehículo en lugares permitidos).
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