La Comisión Permanente del Congreso no aprobó el informe final de la subcomisión que recomendó la candidatura del abogado Pedro Cartolin para que sea el nuevo contralor general de la República en reemplazo de Nelson Shack, cuya gestión terminará en junio próximo. El resultado final fue de 8 votos a favor, 17 en contra y 4 abstenciones.
En el desglose de la votación se registra que el rechazo a Cartolin provino principalmente de las bancadas de Fuerza Popular, Cambio Democrático, Avanza País, Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario y Somos Perú. En tanto, Alianza para el Progreso (APP) y Podemos Perú apoyaron a la carta del Gobierno de Dina Boluarte que fue duramente cuestionado en la sesión.
A Cartolin se le cuestionó que no tendría experiencia en las competencias que le corresponde a la Contraloría. Y esto es principalmente porque el letrado hizo su carrera en el Poder Judicial, donde integró como magistrado titular de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur y magistrado supremo provisional en la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema.
Con la decisión del Legislativo, el Ejecutivo tendrá que enviar un nuevo candidato a contralor en los próximos días.
Durante la etapa de evaluación de la postulación de Pedro Cartolin se supo algunos cuestionamientos. Uno de ellos fue revelado por Latina Noticias que dio cuenta que resolvió favor de una demanda de amparo presentada por el actual gobernador regional de La Libertad, César Acuña, para anular la sentencia decretada por el Juzgado de Familia de Lima que fijó en 90 mil soles la pensión alimenticia a favor de su último hijo.
Cartolin, en su calidad de miembro de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Lima, fue el ponente de la causa de Acuña Peralta. Allí es que recomendó que se revoque la sentencia emitida por la Segunda Sala Especializada Civil de Trujillo que declaró infundado el recurso de apelación del líder de APP.
Además, el tribunal supremo ordenó que se emita un nuevo pronunciamiento porque el juez de Familia de Lima “no terminó de construir válidamente el razonamiento” para aumentar la pensión de 30 mil a 90 soles para Acuña, y tampoco argumentó por qué la demandante Jenny Gutiérrez debía estar eximida de aportar económicamente.
En esa línea, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Lima llegó a la conclusión que se vulneró el derecho constitucional de Acuña a la debida motivación de las resoluciones judiciales, por lo que se ordenó la nulidad de la sentencia que se registró en su contra.
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