Las investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo por intentar dar un golpe de Estado continúan su curso. Esta vez, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria aceptó el pedido de la Segunda Giscalía Suprema Transitoria y ordenó levantar el secreto de sus comunicaciones.
La medida se realiza en el contexto de una investigación contra el exmandatario por los presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Todos ellos están vinculados al suceso del 7 de diciembre de 2022, cuando quiso alterar el orden constitucional.
«Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dispone el levantamiento del secreto de las comunicaciones del expresidente Pedro Castillo, a pedido de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada», señaló el Poder Judicial (PJ) en un comunicado difundido en sus redes sociales.
Así, las operadoras están obligadas a brindar información a la Fiscalía sobre el registro de llamadas —con indicación de fecha, hora y tiempo de duración, así como identidad del titular del número telefónico— que Pedro Castillo realizó y recibió entre el 2 y 16 de diciembre del año pasado.
¿Por qué el Poder Judicial consideró viable levantar el secreto de comunicaciones de Pedro Castillo? Según una resolución del ente, el número 970 064 317, atribuido al expresidente, fue encontrado en un papel durante la incautación que se realizó el 8 de diciembre de 2022. Asimismo, se hallaron nueve chips de celulares.
Para el Ministerio Público, así rastrearán las personas con quienes Castillo Terrones mantuvo contacto antes y después del Mensaje a la Nación en el que anunció el golpe de Estado. Entre ellos, los principales sospechosos son Betssy Chávez (expresidenta del Consejo de Ministros), Aníbal Torres (exasesor de PCM) y los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez Palomino.
La medida, por otro lado, fue notificada en su momento al exjefe de Estado y a su defensa, tanto al Establecimiento Penal de Barbadillo, donde está detenido preliminarmente, como a su domicilio procesal. Sin embargo, no formularon ninguna oposición al pedido.
El juez supremo Juan Carlos Checkley, por ello, dictaminó que la iniciativa solicitada reunía las condiciones para ser aceptadas. Las compañías de telecomunicaciones tienen 48 horas para realizar el debido levantamiento del secreto de comunicaciones de Castillo Terrones.
El 13 de julio, el expresidente Pedro Castillo apareció en la audiencia de tutela de derechos que planteó su defensa, con el objetivo de incluir una serie de testigos que respaldarían su afirmación de que hubo un «complot» en su contra para destituirlo el 7 de diciembre de 2022.
A pesar del fallido intento de golpe de Estado, el exmandatario reiteró su creencia de que fue «secuestrado». Sin embargo, el juez supremo Juan Carlos Checkley refutó esta afirmación al recordarle las dos órdenes judiciales de prisión preventiva en su contra por el fallido golpe de Estado y presunta corrupción.
Durante la audiencia, Castillo criticó al Ministerio Público por defender a un Congreso que considera «deslegitimado» y cuestionó la negativa del Equipo Especial contra la Corrupción para permitir las declaraciones testimoniales de ciertos congresistas. Afirmó que no existe estado de derecho y pidió al juez que considere su solicitud, argumentando que es un derecho constitucional.
Sin embargo, la fiscal adjunta suprema provisional transitoria Galinka Meza determinó que estos testimonios no eran pertinentes para desacreditar las imputaciones contra Castillo por rebelión y conspiración.
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