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El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) decidió declarar improcedente una demanda que buscaba reponer en el cargo al expresidente Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva por su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 y por presuntos actos de corrupción que se registraron durante su gobierno.

Según la resolución a la que Latina Noticias accedió, los magistrados del TC, Francisco Morales Saravia, Luz Pacheco, Helder Domínguez, Manuel Monteagudo, César Ochoa, y Pedro Hernández, no aceptaron el recurso de agravio constitucional presentado por los abogados Andrés Coello Cruz y Andrés Coello Cáceres en favor de Castillo Terrones para volver a tomar las riendas del Ejecutivo.

«Sostienen que el favorecido sería víctima de una concertación delictiva entre el Congreso de la República, la Fiscalía de la Nación, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República y el juez supremo don Carlos Checkley Soria, quienes de manera arbitraria lo encarcelaron […] Aseveran que los hechos investigados son atípicos, y nadie puede ser sancionado ni investigado por un acto no previsto como delito, tal y como lo prescribe el artículo II del Código Penal», se lee en la petición hecha.

Sin embargo, el TC menciona en su fallo que «ni en la demanda ni en los demás actuados se advierten alegaciones de relevancia constitucional, ni la amenaza o la vulneración de los derechos fundamentales, que justifiquen la declaración de nulidad de todo lo actuado en el proceso seguido contra el favorecido por los delitos de delitos de rebelión y conspiración».

«A este tribunal aprecia que no le corresponde a la judicatura constitucional a través del presente proceso de habeas corpus reponer al favorecido en su cargo de presidente de la república, ni que se dejen sin efecto los procesos penales seguidos en su contra», se finaliza en la sentencia.

JUICIO EN MARCHA

Hay que precisar que el expresidente Pedro Castillo afronta actualmente el control de acusación por el caso del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. A él se le imputa haber cometido los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.  La Fiscalía de la Nación ha requerido ante el Poder Judicial que el expresidente reciba 34 años de prisión.

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