Perú rechaza reforma constitucional en Nicaragua que busca ampliar el régimen de Daniel Ortega y su esposa

Perú expresó su “más profunda preocupación y enérgico rechazo” a la aprobación, en primera votación, de una reforma constitucional en Nicaragua que, de acuerdo al país andino, busca “liquidar la institucionalidad democrática”, eliminando la posibilidad de elecciones libres y perpetuando en el poder a la familia de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.

A través de un pronunciamiento, el gobierno de Keiko Fujimori señaló que la iniciativa constituye un nuevo nivel de transgresión a los principios fundamentales de la democracia y al derecho del pueblo nicaragüense de vivir en libertad. Asimismo, afirmó que la reforma representa un atentado contra la legitimidad del ordenamiento legal de la nación centroamericano y que viola la Carta Democrática Interamericana y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

También sostuvo que la iniciativa del régimen reafirma que actualmente no existen en Nicaragua las condiciones mínimas para desarrollar elecciones libres, justas y competitivas. En esa línea, denunció que el país criminaliza de manera sistemática y arbitraria a la oposición democrática.

Ante esta situación, el Poder Ejecutivo hizo un llamado urgente a la comunidad internacional y a los órganos de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que activen todos los mecanismos disponibles con el objetivo de evitar que se consolide una dictadura.

“El Gobierno peruano, al reafirmar su inequívoco compromiso con la defensa y promoción de la democracia y los derechos humanos, se mantendrá a lado del pueblo nicaraguense, de sus presos políticos, de sus exiliados y de todos aquellos que hoy son perseguidos por soñar con elecciones libres.

¿QUÉ SUCEDIÓ EN NICARAGUA?

La reforma fue aprobada el martes 1 de septiembre por la Asamblea Nacional de Nicaragua; sin embargo, todavía debe superar una segunda instancia. Murillo anunció que esta ratificación se realizaría a partir del 18 de enero, debido a que las modificaciones constitucionales deben ser aprobadas por dos legislaturas distintas antes de entrar en vigor.

Entre los cambios planteados figura la ampliación de los mandatos de los copresidentes y otros cargos electos, así como de los jefes del Ejército y la Policía, de seis a siete años. La iniciativa se presentó después de que Ortega declarara públicamente, el pasado 19 de julio, que “no habrá más elecciones” para impedir que la oposición vuelva a tomar el poder.

La propuesta ha recibido críticas de distintos países de la región. Estados Unidos, por ejemplo, inició acciones para promover el aislamiento internacional del Gobierno nicaragüense, mientras que Panamá retiró a su embajador de Managua.

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